El Ayuntamiento de Donostia ha activado la construcción de 270 viviendas protegidas en El Infierno con un modelo que combina alquiler social y vivienda tasada en propiedad, una fórmula que el alcalde, Jon Insausti, defiende como respuesta a la “clase media donostiarra” que, según sostiene, ha sido “la gran olvidada” de las políticas de vivienda.
El consejo de administración de Etxegintza ha aceptado la cesión de parcelas y ha aprobado los pliegos para licitar las obras mediante colaboración público-privada. El objetivo es adjudicar la promoción en un plazo de tres meses y arrancar la construcción este mismo año, para lo que el Consistorio cuenta con una dotación inicial de 4 millones de euros.
El proyecto prevé una mezcla de 135 viviendas sociales en alquiler y otras 135 viviendas tasadas en régimen de propiedad. El adjudicatario deberá entregar al Ayuntamiento tanto las viviendas como 3.520 metros cuadrados de locales dotacionales.
Insausti ha defendido que la vivienda tasada en propiedad busca dar salida a una realidad concreta: “cualquiera de nuestros jóvenes, con un altísimo nivel de formación, y que vive en una ciudad con bajo nivel de desempleo, ve imposible acceder a una vivienda en el mercado libre a través de sus ingresos de trabajo”. En este contexto, ha subrayado que “la oferta de alquiler libre en Donostia es prácticamente inexistente, y la vivienda libre en propiedad tiene un precio inalcanzable”.
Por ello, ha insistido en que este modelo está dirigido a quienes “con sus rentas de trabajo, ven que nunca tienen opciones de adjudicación en la vivienda pública en alquiler, pero que tampoco llegan ni de lejos a la vivienda libre”. “Han sido los eternos olvidados de la política de vivienda de Donostia y debemos responder a sus necesidades”, ha añadido.
El alcalde también ha defendido la vía elegida frente a otras alternativas. “No descubrimos este modelo, que tiene precedentes de éxito”, ha señalado en referencia a experiencias como Morlans o Txomin Enea. Además, ha rechazado la posibilidad de ceder las parcelas al Gobierno Vasco para promover exclusivamente vivienda en alquiler social, al considerar que esa opción supondría “un retraso considerable en la construcción que Donostia no está dispuesto a asumir” y un coste de 32 millones de euros “no presupuestado” por el Ejecutivo autonómico.
“Mi idea es dar una respuesta rápida a la clase media donostiarra”, ya había señalado el alcalde en relación a este ámbito, donde también defendió que la propuesta alternativa “quería retrasar el plan urbanístico y no se centra en la clase media”.
Choque con EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Donostia
Sin embargo, esta posición choca con la defendida por EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Donostia, que apostaban por ceder las parcelas al Gobierno Vasco para desarrollar una promoción íntegramente en alquiler. Según el concejal de EH Bildu, Ricardo Burutaran, esta opción habría permitido destinar tanto la vivienda social como la tasada al alquiler, en línea con la ley de vivienda.
Ayer Burutaran lamentó que la propuesta no prosperara y la calificó como una “oportunidad perdida” para reforzar el parque público. A su juicio, el modelo aprobado no responde a una parte importante de la ciudadanía, ya que algunas viviendas tasadas “pueden superar los 350.000 euros”.
En la misma línea, la portavoz del PSE, Ane Oyarbide, criticó que la decisión impedirá impulsar vivienda pública en alquiler y ha defendido que el Gobierno Vasco “sí tiene capacidad para afrontar una operación de estas características”. Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, acusó al Ejecutivo municipal de optar por un modelo que “pone las instituciones públicas al servicio de intereses privados”.
El desarrollo de El Infierno contempla en total 540 viviendas, de las que la mitad serán protegidas, según el Ayuntamiento. Más sobre el tema, aquí.
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