San Sebastián, 11 jun (EFE).- Un educador de un centro residencial de menores en Aia se enfrenta a una petición de once años de cárcel por abusar sexualmente, entre los años 2019 y 2022, de una niña en situación de desamparo, tutelada por la Diputación de Gipuzkoa, cuando la adolescente tenía entre 13 y 14 años.
Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se produjeron en el citado centro de protección, ubicado en la localidad de Aia, donde el procesado, «actuando con evidente ánimo lúbrico», abusó de la menor «valiéndose de la condición de superioridad que le otorgaba su cargo de educador».
De esta manera, el hombre aprovechó la buena relación que tenía con la niña para pedirle que sacara fotos de sus partes íntimas, a cambio de dejarle su móvil, darle más comida o dinero.
El procesado también practicó a la joven tocamientos en varias ocasiones y se habría aprovechado de que solía trabajar en el turno de noche para acceder a la habitación de la víctima cuando sus compañeras estaban dormidas.
En este contexto, habría llegado a pedirle que le hiciera una felación a cambio de 50 euros, mientras que en otra ocasión la agredió sexualmente y le entregó 100 euros.
El texto de la Fiscalía detalla además que en alguna oportunidad el varón ayudó a la menor a escaparse del centro y en otras dos ocasiones llegó a dormir en casa del educador, en camas separadas, mientras ella se encontraba fugada.
El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual sobre una chica menor de 16 años, por el que reclama once años de prisión y que no pueda aproximarse a su víctima ni comunicarse con ella durante diez años.
Asimismo, entre otras penas accesorias, solicita que una vez sea excarcelado permanezca en situación de libertad vigilada durante siete años y que sea inhabilitado cinco años para cualquier labor relacionada con los menores.
Además, reclama que indemnice a la perjudicada con 20.000 euros y que se declare como responsable civil subsidiaria a la asociación a la que la Diputación de Gipuzkoa adjudicó el contrato para la prestación del servicio de acogimiento residencial en este caso.
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