La buena noticia es que la Alcaldía de Irun se ha comprometido a mediar en el caso de de Miguel Ángel y Oliva, el matrimonio de 78 y 75 años que se enfrenta a tener que abandonar su casa el 24 de enero. La otra buena noticia es que en la concentración de esta mañana había docenas de personas en apoyo de la pareja, incluidos junteros y concejales de EH Bildu y Elkarrekin Donostia. La maquinaria está en marcha para que, tal y como pretenden Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos de Azora, Miguel Ángel y Oliva se queden en su casa.
Stop Desahucios recuerda que el de Miguel Ángel y Oliva es el drama de miles de avalistas en todo el Estado. Esta pareja garantizó el préstamo de su hijo con su propia vivienda. Una situación que terminó con la pérdida del piso y con la firma de un contrato de alquiler social por tres años, sin prórroga alguna, que finaliza este 24 de enero.
Las plataformas en defensa de la vivienda insisten en que «esta política especulativa no solo la practican los bancos sino también las propias inmobiliarias», y ponen el ejemplo de la compra de Inmobiliaria Vascongada por parte del fondo buitre Azora, «que tampoco renueva los contratos vencidos con alquileres asequibles». En el caso de Miguel Ángel y Oliva el problema ha sido con Solvia, cuyos propietarios son el fondo de inversión Lindroff-Intrum en un 80% y el Banco Sabadell .
Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos Azora exigen que se le renueve a la pareja el contrato social firmado por siete años más y con prórroga automática de tres y conforme a las leyes vigentes. De esta forma la pareja, que recibe pensiones modestas, podría mantenerse en su casa de toda la vida, ahora propiedad del banco.
