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Tribunales

La banda acusada de prostituir mujeres venezolanas llega a un acuerdo con la Fiscalía

Seis acusados han reconocido los hechos y han conseguido una rebaja en las penas, por la que solo dos de ellos continuarán en prisión

Audiencia provincial. Foto: Santiago Farizano

(EFE) Cuatro hombres y dos mujeres acusados de integrar un grupo que traía a España mediante engaños a ciudadanas venezolanas para prostituirlas en pisos de San Sebastián han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía que les ha permitido rebajar sus penas sustancialmente, tras admitir su participación en los hechos.

Además, un séptimo procesado, un empleado de cabina de dos aerolíneas acusado de facilitar billetes «a menor coste» a la banda, ha visto cómo se retiraba la acusación en su contra y ha quedado absuelto.

Inicialmente, la Fiscalía reclamaba penas que oscilaban entre los cuatro y los 158 años de prisión para los procesados, por distintos delitos de trata de seres humanos, tráfico ilegal de inmigrantes, prostitución coactiva y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, entre otros.

Sin embargo, este jueves ha accedido a aplicar las atenuantes de dilaciones indebidas, reconocimiento de los hechos y drogadicción a varios de ellos, según cada caso, y ha considerado que lo sucedido únicamente es constitutivo de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de dos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Los hechos, entre 2017 y 2019

El Ministerio Público les imputaba unos hechos ocurridos entre 2017 y 2019, período durante el que les responsabilizaba de haberse dedicado a la «captación e introducción» ilegal en España de estas mujeres venezolanas con el fin de explotarlas sexualmente y utilizarlas para el tráfico de drogas.

Tres de los encausados (dos hombres y una mujer) han permanecido en prisión provisional desde su detención hasta hoy, por lo que han cumplido ya casi cuatro años.

Ahora, tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio Público, todos los procesados han visto rebajadas sus penas, que han quedado establecidas entre los cinco años y medio de prisión para el que tiene una imputación más grave, hasta una multa de 1.068 euros para el procesado por la más leve. Este último un encargado de un alojamiento rural de Burgos acusado de proporcionar «falsas reservas hoteleras» a la banda.

Petición de nulidad que no prosperó

El pacto suscrito este jueves por los procesados con la Fiscalía se ha producido después de que la pasada semana, en las sesiones previas al inicio formal del juicio, las defensas plantearan varios posibles motivos de nulidad de las actuaciones que no fueron admitidos por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde se ha celebrado la vista oral.

La sala sí entendió no obstante que la prórroga de la instrucción había tenido lugar fuera de plazo, por lo que invalidó varias de las pruebas que se habían practicado con posterioridad a este período, entre ellas las declaraciones de tres de las siete víctimas, que figuran como testigos protegidos en el caso.

Ante este nuevo escenario, tras defensas solicitaron la libre absolución de sus clientes por falta de pruebas en su contra, pero el fiscal decidió ayer mantener la acusación completa contra los siete imputados.

Sin embargo, la situación ha dado giro inesperado este jueves, cuando todas las partes han negociado un acuerdo que finalmente mantendrá aún un tiempo en prisión a dos de ellos con las penas más graves, mientras que el tribunal ha accedido a suspender las penas de cárcel al resto con la condición de que cumplan ciertos requisitos, entre los que se encuentran abonar distintas compensaciones económicas a las víctimas y mantenerse alejados y no comunicarse con ellas.


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