San Sebastián, 16 dic (EFE).- El conflicto de una pareja de Zestoa a raíz de la custodia de un menor ha sentado este martes en el banquillo de los acusados al actual alcalde, Mikel Arregi (EH Bildu), junto a la madre del pequeño y a cuatro de sus amigas, acusados todos ellos de coacciones por parte del padre y de la Fiscalía de Gipuzkoa.
El perjudicado presentó en octubre de 2018 una denuncia contra los procesados por acosarle para que aceptara las condiciones ofrecidas por su expareja y renunciara a la custodia del hijo que tenían en común, tras la ruptura sentimental ocurrida en noviembre de 2016.
Un período de casi dos años en el que el caso trascendió el ámbito familiar para involucrar a parte de esta localidad, de algo menos de 4.000 habitantes, por la que, según la víctima, comenzó a correr el «runruneo» de que era «un maltratador, un alcohólico y un drogadicto» que no era capaz de cuidar a su hijo, si bien nunca ha habido una denuncia o sentencia en su contra por hechos relacionados con la violencia machista.
Grupo de presión
Durante la primera sesión del juicio, celebrada este martes en el Juzgado de lo Penal de San Sebastián, el hombre, que ha dicho haber sido simpatizante de EH Bildu, ha explicado que se organizaron concentraciones en su contra y que las procesadas crearon un «grupo de presión» que se hacía llamar «escolta social» para acompañar a su exmujer a las entregas y recogidas del hijo en común, un bebé de meses, durante las que recibió insultos como «subnormal» y también fue grabado en vídeo, junto a las personas que le acompañaban a estas citas como le recomendó su abogado.
«Estaban amargándome la vida para provocarme porque querían alguna reacción mía para tildarme de violento», ha explicado el hombre durante su declaración, en la que ha recordado que comenzó a vivir esta situación después de que su excompañera la asegurara que si pedía la custodia compartida del hijo en común le iba a «echar encima toda la mierda que pudiera».
El perjudicado, empleado en el Ayuntamiento de Zestoa, ha aclarado que en este contexto un compañero de trabajo le convocó a una reunión en el consistorio, donde Miker Arregi, que por entonces era concejal, le dijo que la madre de su hijo era «una mujer maltratada» y le instó a aceptar las medidas de custodia que ella planteaba porque de lo contrario le iban a «arrinconar durante veinte años» y no iba a «levantar cabeza».
La víctima ha relatado que más adelante, en algunas Juntas de Gobierno local, se vertieron «acusaciones falsas» en su contra, mientras que en el Ayuntamiento le abrieron dos expedientes después de que una de las acusadas dijera que la había intentado atropellar con un vehículo municipal y por supuestamente haber robado documentos del archivo.
Asimismo, ha recordado que se convocaron concentraciones a la entrada del Juzgado de familia en la que finalmente se adoptaron las medidas sobre la custodia del niño, así como más tarde en el Juzgado de Azpeitia, tras denunciar el asunto.
El perjudicado ha comentado que, en esta tesitura, los Servicios Sociales del Ayuntamiento realizaron un informe sobre el caso que «no fue del agrado» de su expareja, y que la asistente recibió presiones para cambiarlo hasta que finalmente cogió la baja «porque no le dejaban hacer su trabajo» y más adelante dejó la plaza.
Girar la cara
El varón ha comentado también que un amigo le pidió que no le citara como testigo porque era simpatizante de Bildu y «no quería ir en contra del partido ni de Mikel» ya que no podía con la «presión» porque en el pueblo le estaban «girando la cara» y no quería que le hicieran lo mismo que a él.
La víctima ha desvelado además que él intentó «parar esta espiral» suscitada a raíz de la custodia de su hijo y que «parara la presión», pero le resultó imposible porque «no había voluntad».
Ha destacado que toda esta situación le afectó en su vida personal, tanto a él como a su familia y a sus amigos, porque estuvo seis meses de baja por ansiedad y tuvo que recibir ayuda psicológica, además de no hacer ya vida social en Zestoa y en algunos lugares de la cercana Azpeitia, después de que le echaran de un bar porque le dijeron que era un maltratador.
Momentos antes de la primera sesión de este juicio, que continuará el miércoles con la declaración de nuevos testigos, ha tenido lugar una concentración frente al palacio de justicia, en la que varias decenas de personas han desplegado una pancarta con el lema en euskera «La solidaridad no es delito. ¡Estamos con vosotros!»
La representante del Movimiento Feminista de Zestoa Naroa Vázquez ha mostrado, en declaraciones a los periodistas, su apoyo a los procesados porque, según ha dicho, «asusta pensar» en una posible sentencia en su contra que lance el mensaje de que «la solidaridad y la ayuda a una amiga que está pasando por un mal momento puede colocarte a ti en una situación de riesgo y verte tú en esta situación».
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