Seguridad

La Ertzaintza avanza en Gipuzkoa con la implantación de cámaras personales

Agentes de las comisarías de Donostia, Irun, Urola Kosta y Oria ya operan con bodycams; el despliegue se completará en las próximas semanas

bodycam La Ertzaintza avanza en Gipuzkoa con la implantación de cámaras personales
Cámara personal de la Ertzaintza. Foto: Departamento de Seguridad

La Ertzaintza continúa con la implementación de cámaras personales en sus unidades, y Gipuzkoa es una de las provincias donde el despliegue está más avanzado. Actualmente, agentes de las comisarías de Donostia / San Sebastián, Irun, Urola Kosta y Oria ya operan con estos dispositivos, conocidos como ‘bodycams’. Se espera que en las próximas semanas el despliegue se complete en el resto de unidades del territorio.

Este proyecto forma parte del programa 3I-Ikusle, que prevé dotar a la Ertzaintza de un total de 1.387 cámaras individuales. Hasta la fecha se han distribuido 877 dispositivos en diferentes unidades, incluyendo las de Gipuzkoa, y se espera alcanzar la cifra total en breve.

El uso de estas cámaras tiene como objetivo principal reforzar la transparencia y la seguridad en las actuaciones policiales. Las grabaciones pueden servir como prueba en procedimientos judiciales y administrativos, y también como herramienta para mejorar la formación y los protocolos de actuación de los agentes.

La implementación de las bodycams responde al compromiso 38 del Programa de Gobierno de la XIII Legislatura, que establece la dotación de cámaras individuales a los agentes policiales para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia en sus intervenciones.

En Gipuzkoa la comisaría de Irun fue una de las primeras en participar en el proyecto piloto iniciado en 2021, junto con las de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Tras la evaluación positiva de esta fase inicial, el despliegue se ha extendido progresivamente al resto de comisarías del territorio.

Cada agente recibe formación específica para el uso de las cámaras, que deben activarse en situaciones que impliquen riesgos para la seguridad ciudadana o posibles infracciones. Las grabaciones se almacenan de forma segura y se destruyen en un plazo máximo de tres meses, salvo que estén relacionadas con procedimientos en curso.

La inversión total en este proyecto asciende a dos millones de euros, e incluye no solo las cámaras, sino también los sistemas de almacenamiento y gestión de las grabaciones, así como los accesorios necesarios para su integración en los uniformes.


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