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Patrimonio

La Esperanza: El Ayuntamiento alega que «incurriría en prevaricación» si interviniera en la obra

El Consistorio donostiarra responde a las críticas de la asociación Áncora por el proyecto

La Esperanza, con el escaparate vallado. Foto: Áncora

«El Ayuntamiento incurriría en prevaricación si estableciera un régimen de protección o conminara a la propiedad a mantener determinados elementos por cuanto que no cuenta con ningún elemento jurídico ni legal que amparara dicha actuación protectora». Así se ha expresado hoy el Ayuntamiento donostiarra en un comunicado tras conocerse las críticas de Áncora por la obra prevista en el establecimiento ‘La Esperanza’ de la calle Loiola. 

El Consistorio incide, igual que la asociación en una nota anterior, en que el citado comercio no se encuentra catalogado dentro del Plan Especial de Protección del Patrimonio (PEPPUC), por lo que, ni su fachada actual, ni su interior gozan de protección legal alguna. «Por el contrario sí está protegida la fachada completa del edificio, catalogado en Grado D en el PEPPUC», apuntan estas fuentes municipales.

El Ayuntamiento explica también en su respuesta a Áncora que ha concedido a la propiedad la licencia de obra y reforma, «un acto reglado que está sujeto a un procedimiento administrativo tasado, y que, por tanto, carece de criterios de arbitrariedad». Y anuncia que en la licencia de obra que ha concedido insta a la propiedad a recuperar el aspecto de la fachada del establecimiento de 1913, «que no es la que actualmente presentaba con paneles de mármol, sino una anterior realizada en madera».

«La protección de la fachada del edificio (esta sí, protegida por el PEPPUC), establece que cualquier intervención en dicha fachada tiene que retornar a los elementos existentes en 1913. Por tanto, el Ayuntamiento ha concedido la licencia de obra garantizando que se volverá al aspecto de esa época (en madera y piedra de sillería) y eliminando los elementos posteriormente instalados.

En el mismo comunicado, el Consistorio añade que «vela por la conservación del patrimonio de la ciudad y lo hace conforme a las herramientas legales que rigen el ordenamiento urbanístico. En ningún caso puede actuar de acuerdo a criterios difusos, arbitrarios o de consideración particular, por mucho que quienes dicen defender el patrimonio quisieran que el Consistorio cometería ilegalidades».


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