La Justicia ha avalado la gestión realizada en la residencia de Berra de Donostia y con la conocida hoy son ya cinco las sentencias judiciales que defienden el trabajo en las residencias de Gipuzkoa durante la crisis del Covid-19 tal y como ha recordado la Diputación. Pese a todo las cifras son muy oscuras. Según los datos de ayer 165 residentes mayores han fallecido y 77 permanecen con diagnóstico positivo.
En el caso de la residencia de Iurreamendi de Tolosa la juez destaca que la parta demandada “ha desplegado una actividad continua y diligente que se evidencia de la efectividad de las medidas adoptadas, que se objetiva en los actuales resultados y que es incluso declarada por la testigo propuesta por la parte” que presentaba la denuncia. “No ha habido inactividad, y sí una constante adopción de medidas preventivas con los criterios existentes, en el contexto temporal considerado y con los medios que se han contado”, reza la sentencia.
En el caso de la residencia San José de Ordizia, el fallo judicial recuerda que las primeras medidas contra el Covid-19 se adoptaron el 28 de febrero, “y solo es el 13 de marzo de 2020 cuando se declara oficialmente la pandemia”. “Incluso considerando necesarias todas las medidas señaladas en el escrito de demanda, casi todas están cumplidas por las demandadas en la medida de sus posibilidades y conforme a las previsiones normativas dictadas en cada momento concreto”, señala.
La sentencia referida a la residencia Argixao, de Zumarraga, asegura que “la residencia codemandada, ante el complejo escenario que se les manifestaba, debiendo poner en práctica multitud de normas, disposiciones y órdenes cambiantes y contando con un escaso volumen de medios sanitarios, en todo momento proporcionó a las trabajadoras del centro la información, formación y material de protección exigibles que estaban a su alcance”.
El fallo judicial va en la misma línea en el caso de la residencia Iturbide de Arrasate. En este caso la juez estima que la parte demandada “ha seguido las recomendaciones existentes para cada caso teniendo en cuenta que, a pesar de la escasez de material siempre han dispuesto de batas, guantes… realizándose su distribución a criterio de la dirección del centro y todo ello incluso con carácter previo a la declaración del estado de alarma”. Además entiende que las demandadas han llevado a cabo “una actuación permanente, continua y lo más diligente posible” puesto que se ha proporcionado información, formación y medios de protección a la plantilla de la residencia “en la medida de lo permitido por el caos ocasionado por la pandemia mundial que estamos padeciendo”.
En lo que respecta a la residencia Berra de Donostia, la juez sentencia que “las medidas de prevención solicitadas por el sindicato demandante ya han sido cumplidas”, y que “no existe vulneración de ningún derecho fundamental ni se acredita ataque directo, o la creación de un riesgo razonable e inminente para la integridad y salud de los trabajadores de la residencia”. Asimismo considera que no ha quedado acreditada ni la falta de material de protección, “que se produjo a nivel mundial y que fue subsanado en cuanto se pudo”, ni incumplimiento de normativa en materia de seguridad y salud laboral. La parte demandada “ha actuado con diligencia y ello se acredita a través de la documental y testifical realizada en el acto del juicio oral. Las demandadas han cumplido la normativa de prevención desde el primer momento”, sentencia.
La portavoz foral Eider Mendoza ha expresado que en el caso de las residencias de mayores el 75% de los centros y el 90% de plazas no se han visto afectados por la enfermedad.