San Sebastián, 10 feb (EFE).- El juicio por la violación en septiembre de 2024 de una mujer en el aparcamiento de la Plaza de Cataluña de San Sebastián que se suspendió el pasado noviembre a raíz de un cambio de abogado en el asunto se celebrará el próximo jueves en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.
El acusado se enfrenta a una petición de penas que suman ocho años y diez meses de cárcel por parte de la Fiscalía, que le acusa de un delito de violación y otro de hurto, ya que presuntamente robó a la víctima tras la agresión sexual.
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos sucedieron sobre las 23.15 horas del 13 de septiembre de 2024, cuando la perjudicada conoció al hombre en un bar de la capital guipuzcoana en el que ella estaba junto a dos amigas.
El texto concreta que, sobre las 1.30 horas, la chica, «visiblemente afectada por el consumo de alcohol», se despidió de sus amigas y se marchó del local con la idea de tomar un taxi y marcharse a casa.
No obstante, en ese momento el inculpado también salió del bar y presuntamente se aprovechó de que la víctima había perdido «la capacidad de control» y de «actuar conforme a su voluntad» debido la «ingesta aguda de alcohol» para conducirla hasta el citado aparcamiento, donde la guió hasta el servicio de mujeres de la planta menos uno.
Una vez en este lugar, el varón presuntamente la violó y seguidamente se apropió de varias prendas y del bolso de la mujer, que contenía su teléfono móvil, dinero y las llaves de su casa, entre otros enseres, dejando en el lugar a la perjudicada sola y semidesnuda hasta que recobró «su capacidad de control».
El texto de la Fiscalía aclara que en ese momento la mujer subió las escaleras «desorientada» en busca de alguien que pudiera ayudarle.
Días después, agentes de la Policía localizaron en diferentes lugares del barrio de Gros el teléfono móvil y el bolso de la chica con todos los efectos en su interior, salvo el dinero y las llaves de su casa.
Además de las citadas penas de prisión, el Ministerio Público solicita que una vez excarcelado el varón permanezca ocho años en situación de libertad vigilada y que no pueda aproximarse ni comunicarse con la afectada durante doce años.
Asimismo, reclama que compense a la víctima con 10.000 euros por los daños morales causados, y con la cantidad que se acredite por los efectos y el dinero que no pudo recuperar
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