Las 21 familias inquilinas de las viviendas de protección oficial (VPO) del barrio de Alliri, en Tolosa, apoyadas por Stop Desahucios, han solicitado al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, que medie con la empresa propietaria, Adania Gestión, para garantizar la firma de nuevos contratos de alquiler protegido una vez que finalicen los actuales, el 26 de enero de 2026.
El origen del problema se remonta al convenio firmado en 2002 entre el Gobierno Vasco y la entonces propietaria, Sociedad Residencial Langa SL. Al haberse suscrito antes de enero de 2003, estas VPO no tienen carácter permanente, lo que permite al propietario, tras vencer la protección, vender o alquilar los pisos a precios de mercado.
Actualmente las familias pagan entre 600 y 650 euros mensuales según la superficie. Se trata de hogares con ingresos modestos que, según denuncia Stop Desahucios, no pueden asumir ni la compra de vivienda ni los alquileres especulativos que rondan los 800-900 euros en el municipio. La situación se enmarca en un mercado tensionado: el Ayuntamiento de Tolosa ya ha solicitado al Gobierno Vasco la declaración oficial de zona tensionada, cuya publicación en el BOE se espera en enero.
En el escrito registrado este martes 24, y remitido también al Delegado Territorial, los vecinos solicitan una reunión presencial y reiteran la necesidad de que la Consejería de Vivienda intervenga con Adania Gestión. La petición ha sido comunicada igualmente al alcalde de Tolosa y al concejal de Urbanismo.
Los inquilinos recuerdan que la Orden del Viceconsejero de Vivienda del 7 de diciembre de 2021 prevé ayudas para que promotores privados puedan ofrecer alquileres asequibles. “Confiamos en recibir noticias positivas y en lograr la renovación de nuestros contratos protegidos”, señalan.
Deja un comentario