(EFE). Los familiares de los cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas que murieron en la bahía de Pasaia en 1984 por disparos de la Policía han exigido este martes que se «investigue y aclare» este asunto, después de que la Audiencia de Gipuzkoa haya ordenado la reapertura del caso al juzgado que lo instruyó.
La causa fue archivada en marzo de 2018, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazara el último recurso presentado por los allegados de los fallecidos en nombre del Ayuntamiento de Azpeitia, que ejerce la acción popular ya que dos de los muertos eran naturales de esta localidad guipuzcoana, mientras que los otros dos eran vecinos de Pamplona.
No obstante, según han informado a EFE fuentes del caso, en 2020 el único superviviente de este suceso, Joseba Merino, creyó reconocer en un documental televisivo a varios de los policías que supuestamente participaron en los hechos, por lo que se solicitó al juzgado de instrucción la práctica de nuevas diligencias.
Esta instancia judicial no rechazó que se llevara a cabo el visionado del citado documental, aunque sí advirtió de que la causa estaría ya prescrita.
Este punto de vista no fue sin embargo compartido por la Audiencia de Gipuzkoa que ordenó el pasado noviembre la reapertura del caso, en cuyo marco han sido citados ahora siete policías para participar en una sesión de reconocimiento que tendrá lugar el próximo 28 de marzo.
Rueda de prensa, hoy
En este contexto, Pello Aizpuru, Arantxa Isart y Karlos Delas, todos ellos parientes de los fallecidos, y la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, han ofrecido este martes una rueda de prensa junto al abogado de las familias, Santiago González, y el letrado del consistorio azpeitiarra, Aiert Larrarte, para reclamar que «se investigue y aclare» este caso, informa en una nota la plataforma Pasaia Argitu.
Durante esta comparecencia, Pello Aizpuru se ha preguntado «cómo es posible tener testimonios directos» y que en su momento se archivará la causa «con tantas pruebas, negligencias y contradicciones».
«Nos sigue resultando increíble. Nosotros tenemos claro que nunca ha habido intención alguna para aclarar lo que pasó en la bahía de Pasaia. Han querido dejarlo en la impunidad«, a pesar de llevar «casi 40 años denunciando todo esto», ha recalcado.
Por su parte, la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, ha avanzado que su consistorio, en el marco de su «compromiso con la verdad, la justicia y la reparación», hará todo lo necesario para investigar, saber verdad, hacer justicia y encontrar vías de reparación».
En este sentido, Santiago González, abogado de familiares de los fallecidos, ha recordado que cuando hace cinco años se cerró el caso ya se dijo «claramente» que se trató de «un delito contra la vida humana: cuatro asesinatos», aunque no se supiera «quién había sido el autor».
Asimismo, el letrado del Ayuntamiento de Azpeitia, Aiert Larrarte, ha insistido en que, según lo actuado hasta ahora por el juzgado, ya se ha constatado que «el delito existe», por lo que ahora sólo «falta» determinar «a quién» se imputará este delito.
«Cuántos policías había ese día (en Pasaia): cien, doscientos?, se ha preguntado. ¿Nadie en este país sabe quiénes eran?, ha recalcado. «Sabemos que ésa es una labor del juez, de los abogados y del fiscal, pero hay otros que también pueden ayudar: los ciudadanos y, sobre todo, las instituciones».
«Nosotros pedimos ayuda a las instituciones para que la vía judicial avance», ha concluido Larrarte.
