(EFE). Las quejas sobre salud en Euskadi tramitadas por el Ararteko se duplicaron en 2021 con respecto al año anterior y pasaron a ser el segundo bloque más numeroso tras las relacionadas por las ayudas a la exclusión social, un crecimiento vinculado con las medidas para contener la pandemia, como el proceso de vacunación y el pasaporte covid.
El ararteko, Manu Lezertua, ha entregado este martes su informe anual correspondiente a 2021 a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y después ha comparecido en rueda de prensa para presentar los datos más importantes.
Lezertua ha reconocido que la pandemia ha «impactado» de nuevo en la actividad del Ararteko, como lo hizo en 2020, ya que como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la pandemia se han «incrementado sustancialmente» las quejas relacionadas con la salud.
En concreto el pasado año se registraron 348 quejas escritas vinculadas con este área frente a las 171 de 2020 y además representaron el 15 % de las 2.700 quejas tramitadas por el Ararteko el pasado año y pasaron a ser las segundas más numerosas por detrás de las relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social (508).
El aumento de quejas se debe sobre todo a la decisión de posponer operaciones no urgentes en los picos de la pandemia y al proceso de vacunación contra la covid por parte de colectivos con determinadas patologías que consideraban debían ser prioritarios a la hora de recibir la vacuna.
Otro motivo de quejas fue el pasaporte covid por considerar «superfluo» este instrumento o por estimar su exigencia excesiva.
Al margen de las cuestiones relacionadas con la covid, se repitieron las quejas más recurrentes de años anteriores en relación con la salud, como la disponibilidad de ambulancias, la atención en euskera y las listas de espera.
El Ararteko también ha indicado que se han incrementado ligeramente las quejas relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social, 508 en 2021 frente a los 497 del año anterior, que suponen el 20 % de las quejas tramitadas, y de ellas el 90 % se refieren a problemas por actuaciones de Lanbide en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda.
Preguntado por los efectos de la guerra de Ucrania y su impacto en la actividad esta institución, Lezertua ha reconocido que todavía es pronto y que no han llegado quejas ni consultas al respecto pero ha llamado a las instituciones a organizar y coordinar todos los recursos de ayuda a los refugiados para evitar los «riesgos» y el peligro de las mafias que trafican con mujeres y niños.
Respecto a los efectos del incremento de los precios de la energía y su afección en el día a día de la ciudadanía ha recordado que la institución ya ha mostrado su preocupación por esta cuestión a través de una recomendación para luchar contra la pobreza energética.
Durante la rueda de prensa se han dado datos generales sobre la actuación de la institución el pasado año, cuando se llevaron a cabo 12.491 actuaciones, un 27 % más que el año anterior, de las que 7.578 fueron quejas y consultas.
Además se resolvieron 2.131 expedientes de queja (2.061 en 2020) y se dictaron 1.422 resoluciones (1.432 hace dos años). La duración media de los procedimientos de queja fue de 50 días.
Analizando los expedientes de queja, en cerca del 45 % existía alguna actuación incorrecta de la administración afectada (en 2020 fue del 43 %). En el 87 % de los casos la institución correspondiente corrigió la actuación que originó la reclamación.
Como en años anteriores el Gobierno Vasco ha concentrado la mayoría de las quejas, el 52,6 %, seguido de los ayuntamientos, con el 34,1 %, y las diputaciones, con el 8,6 %.
En cuanto a la actividad de la oficina de la infancia y la adolescencia del Ararteko, el pasado año se registraron 454 expedientes de queja en los que de manera expresa estuvieron implicados niños y adolescentes, el 16,4 % del total de los presentados ante el defensor del pueblo vasco.
El pasado año las quejas más habituales en el ámbito escolar se unieron otras vinculadas con el desacuerdo con la suspensión o las limitaciones impuestas al desarrollo de las actividades deportivas por la covid.
