Stop Desahucios Gipuzkoa denuncia que la no convalidación ayer en el Congreso del Real Decreto-ley 16/2025, Escudo Social, por el voto en contra de PP, VOX y JUNTS -este último sin representación en Euskadi- tendrá consecuencias directas y dramáticas para cientos de familias en la Comunidad Autónoma Vasca.
“Como ejemplo en Gipuzkoa existen 153 inquilinos en Donostia y 83 en Irun cuya situación de precariedad ha sido acreditada por los Servicios Sociales municipales. Entre las personas afectadas se encuentran Lorena (Irun), Gloria (Lasarte), Enrique (Errenteria) —todos ellos con menores a su cargo—, así como Luis (Donostia), entre otros muchos casos”, advierte Stop Desahucios.
Este Real Decreto contemplaba la suspensión de las demandas de desahucio por impago de rentas o finalización de contratos hasta el 31 de diciembre de 202, para personas inquilinas en situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales, a petición judicial y sin alternativa habitacional garantizada, “tal y como establecen diversas normativas internacionales, entre ellas las de la ONU”.
Cabe apuntar, como hace Stop Desahucios en su comunicado, que según datos del Gobierno Vasco hay más de 259 pequeños arrendadores a los que el propio Ejecutivo abona mensualmente las rentas dejadas de percibir debido a la suspensión de las demandas de desahucio por impago de alquiler, por lo cual esta medida no perjudica a los pequeños propietarios.
“No son delincuentes”
«Estas personas no son okupas ni delincuentes, como las califican PP, VOX y JUNTS. Son familias trabajadoras que no pueden hacer frente a los alquileres abusivos y especulativos impuestos por grandes tenedores y rentistas, y que han acreditado documentalmente ante un juez su situación de vulnerabilidad, corroborada mediante informes oficiales de los Servicios Sociales», dice Stop Desahucios.
Los afectados son más de 60.000 inquilinos vulnerables en el Estado y cientos en Euskadi, «muchos de ellos con menores a su cargo, personas dependientes o mayores, que quedan ahora condenados a perder su vivienda y, en muchos casos, a dormir en la calle».
La entidad también recuerda que el voto en contra de JUNTS, PP y VOX al Escudo Social no solo implica la reanudación inmediata de los desahucios, sino también la eliminación de medidas esenciales como la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) o el bono social energético, dando la espalda a millones de personas vulnerables.
“Mientras tanto estos partidos respaldan abiertamente a los grandes tenedores como bancos, fondos buitre, inmobiliarias y grandes rentistas, que hacen negocio especulativo con la vivienda, impidiendo cualquier regulación o limitación de los precios abusivos del alquiler, tal y como recoge la Ley de Vivienda”, denuncia Stop Desahucios.
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