San Sebastián, 9 jun (EFE).- Dos mujeres que accedieron a un caserío de San Sebastián sin permiso de su propietario y que cambiaron la cerradura de la vivienda para impedir al dueño acceder a su interior se han conformado con una pena de medio año de cárcel tras reconocer los hechos y llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
Estaba previsto que estos hechos fueran enjuiciados por un tribunal del jurado, pero la conformidad alcanzada por la Fiscalía y la defensa de las acusadas, con la aquiescencia de la acusación particular que ejercía el dueño del inmueble, hará ya innecesaria la celebración de la vista.
Según recoge la sentencia del caso, a la que ha tenido acceso EFE, los hechos sucedieron la noche del 29 al 30 de noviembre de 2024, cuando las procesadas acudieron al citado caserío, rompieron una de las ventanas y accedieron a su interior, a sabiendas de que se trataba de una vivienda.
La resolución precisa que las inculpadas actuaron «guiadas por el ánimo de establecerse en el inmueble de manera permanente, como si de su vivienda se tratara», ya que introdujeron en ella distintos enseres como mantas, toallas, neceseres, menaje de baño y un saco de dormir.
Todo ello, añade, «con la voluntad de perturbar el sosiego, la intimidad y la seguridad que son propios de un espacio privado en el que una persona desarrolla su faceta más íntima».
El texto judicial aclara que el caserío contaba con «los elementos propios del desarrollo cotidiano de la vida diaria», como menaje del hogar y alimentos, además de los correspondientes servicios de electricidad y agua.
Seguidamente, las encausadas cambiaron la cerradura de acceso mediante un taladro y material adecuado para este trabajo, «con la intención manifiesta» de impedir el uso legítimo del inmueble a sus propietarios.
Inicialmente, la Fiscalía solicitaba penas que sumaban cuatro años y tres meses para las acusadas como autoras de un delito de allanamiento de morada y de otro de coacciones.
No obstante, tras el reconocimiento de los hechos por parte de las autoras y la conformidad alcanzada, el Ministerio Público rebajó su petición de condena hasta los seis meses de cárcel y el pago de una multa de 2.160 euros.
Las dos infractoras no ingresarán en prisión ya que la pena de cárcel les ha sido suspendida por el plazo de dos años con la condición de que no vuelvan a delinquir durante este tiempo y de que abonen los 235,95 euros que costó la reparación de la cerradura, incrementados con sus correspondientes intereses legales.
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