El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sanción de 45.000 euros impuesta por el Gobierno Vasco a una inmobiliaria por encarecer de forma ilegal la venta de viviendas de protección oficial (VPO).
Según la sentencia, la agencia obligaba a los compradores a adquirir muebles como condición para formalizar la compraventa, lo que en la práctica suponía un sobreprecio encubierto sobre el precio máximo permitido para este tipo de viviendas.
La resolución judicial considera probado que, además, en esos contratos de mobiliario se incluían elementos que forman parte de la propia vivienda, como bañera, lavabo, bidé o inodoro, con el objetivo de aumentar el precio final.
El fallo recuerda que en la vivienda protegida no rige la libertad total de precios y que la ley prohíbe cualquier pago que supere el límite fijado para este tipo de inmuebles.
El consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha valorado la sentencia como un respaldo a la actuación de la administración y ha advertido de que se perseguirá “con la fuerza de la ley” cualquier uso especulativo de una VPO, ya que se trata de viviendas financiadas con dinero público.
El Ejecutivo vasco considera que la resolución marca un precedente importante para evitar prácticas fraudulentas en la venta de vivienda protegida.
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