San Sebastián, 6 jun (EFE).- Un técnico de ambulancias acusado de arrollar, tras una discusión de tráfico, a otro conductor que murió días después en el Hospital Donostia, se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel por parte de la Fiscalía y reclama más de un millón de euros para los familiares del fallecido, cuya esposa y dos hijos viajaban con él cuando ocurrieron los hechos.

El Ministerio Público le acusa de un delito de homicidio por dolo eventual con la atenuante de alteración mental y de la percepción.

La acusación particular, que ejercen los allegados del perjudicado, eleva su solicitud de pena hasta los 12 años y medio de prisión, mientras que la defensa solicita la libre absolución de su cliente, aquejado de sendos trastornos de TDAH y TEA, y para el que reclama las eximentes completas de «alteración psíquica» y de «miedo insuperable».

Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos sucedieron sobre las 19.30 horas del 22 de junio de 2024, cuando el inculpado circulaba por la carretera GI-40 en dirección a San Sebastián en un vehículo Land Rober de su propiedad aunque equipado con «unas luces azules, tipo emergencias».

Situación de tensión

Al coincidir en el mismo tramo de carretera con el turismo en el que viajaba la víctima, junto a su esposa y dos hijos, se produjo «una situación de tensión», después de varias «maniobras de cambio de carril de forma brusca y antirreglamentaria», realizadas por el acusado quien se colocó delante del otro automóvil «sin respetar en ningún momento la distancia de seguridad», detalla el documento.

Una situación que se prolongó hasta la carretera que une la rotonda de Martutene con el túnel de Zorroaga, donde el procesado activó las luces azules de su Land Rober y se detuvo en un apartadero a la derecha de la vía. Una señal que fue interpretada por la víctima como «una orden de parada», por lo que descendió junto a su esposa del vehículo en el que quedaron los dos menores, de 2 y 6 años.

El acusado dio entonces marcha atrás y golpeó el coche de la familia. Una maniobra tras la que la víctima se situó delante del Land Rober para evitar su fuga, si bien el procesado «arrancó de manera repentina», de tal modo que el perjudicado «se vio obligado a encaramarse al capó».

El escrito de la Fiscalía concreta que, pese a ser consciente de que «la conducción en tales circunstancias generaba un grave y evidente riesgo para la vida» del otro conductor, el procesado presuntamente «continuó circulando» durante unos 137 metros, al tiempo que realizó «maniobras en zigzag» con la supuesta «finalidad de provocar su caída» hasta que éste «salió despedido y cayó violentamente contra el suelo».

La víctima, de 35 años, sufrió heridas de extrema gravedad que, a pesar de ser intervenida quirúrgicamente, le provocaron la muerte tras cinco días de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El Ministerio Público concreta en su documento que, durante el incidente, el encausado, de 28 años, se representó «como probable el resultado de la muerte» del otro varón y pese a ello «aceptó tal desenlace, prosiguiendo con su conducta sin atender al peligro al que lo estaba sometiendo».

Recuerda también que «abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima, sin preocuparse de su estado ni alertar a los servicios sanitarios».

Una patrulla de la Guardia Municipal localizó poco después en el barrio de Amara al fugitivo, quien se había refugiado en el local de la sede de emergencias en el que trabajaba, donde fue detenido y posteriormente trasladado a la comisaría, según informaron en su momento fuentes del caso.

Tribunal del jurado

La defensa del procesado, que ejerce la letrada Helena Iglesias del despacho Davvero abogados, reclama la libre absolución de su representado al entender que «se vio implicado en una situación de tráfico que, atendiendo a su concreta configuración neuropsicológica, desencadenó en él un nivel de estrés extremo».

La defensa alega también que «en ningún momento existió en su mente un proceso deliberativo consistente en representarse el resultado de muerte y asumirlo», en un contexto en el que vivió «un estado de pánico incompatible con la asunción deliberada de un riesgo mortal».

Está previsto que un tribunal del jurado sea el encargado de enjuiciar esta causa, para la que por el momento aún no hay fecha señalada.