Podemos Euskadi ha alcanzado un acuerdo con PNV y PSE para incorporar sus siete enmiendas al proyecto de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas que se tramita en las tres Juntas Generales. La formación sostiene que los cambios permitirán aprobar un gravamen “más progresivo, más flexible y más adaptado” a la realidad de cada municipio.
El acuerdo introduce varias modificaciones sobre el texto inicial, entre ellas una tabla de tarifas más amplia, un mayor peso fiscal para las viviendas de uso turístico y los cruceros, la posibilidad de aplicar recargos en municipios con alta presión turística y la creación del concepto de “intensidad turística”.
Según ha explicado el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, el objetivo es avanzar hacia “un modelo turístico más sostenible, más equilibrado y más compatible con la vida de la gente”. La formación defiende que no todos los municipios viven la misma realidad y que, por tanto, el impuesto debe permitir respuestas diferentes según la presión turística que soporte cada localidad.
Una de las principales novedades es la incorporación del concepto de “intensidad turística”, definido como la relación entre las plazas alojativas existentes en un municipio y su población. Este indicador permitirá a los ayuntamientos justificar medidas diferenciadas, tanto para aplicar recargos en zonas con mayor presión como para evitar cargas administrativas en municipios donde el turismo tenga un peso muy reducido.
La norma también prevé tarifas más elevadas para las viviendas de uso turístico y para los cruceros. En el caso de las viviendas turísticas, tanto si se ceden enteras como por habitaciones, la horquilla será de entre 4,50 y 6,50 euros. Para las embarcaciones de crucero turístico, el gravamen se situará entre 6 y 7 euros. Podemos argumenta que se trata de aplicar el principio de que “pague más quien más impacto genera”.
Otra de las enmiendas amplía de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto en una misma estancia, con el argumento de adaptar el gravamen al modelo turístico actual y a estancias más prolongadas. Además, se contempla una exención para personas con discapacidad igual o superior al 65% o dependencia de grado II o III, que se extenderá también a una persona acompañante.
El acuerdo recoge asimismo la posibilidad de aplicar una bonificación de hasta el 100% en municipios con muy baja presión turística, concretamente aquellos con hasta 25 plazas alojativas o con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas. En sentido contrario, los ayuntamientos con más de 750 plazas alojativas, o municipios de más de 5.000 habitantes con una intensidad turística igual o superior al 10%, podrán aplicar un recargo de hasta el 50%.
La norma incorporará también una evaluación cada dos años para revisar el impacto del impuesto y adaptar, si fuera necesario, sus tarifas y condiciones. Podemos considera que esta revisión periódica es necesaria porque el turismo es “una realidad dinámica” y el impuesto debe poder ajustarse a la evolución del modelo turístico y a las necesidades de los municipios.
Vaquero ha defendido que el acuerdo permitirá contar con una herramienta “más útil, más justa y más adaptada” a los pueblos y ciudades de Euskadi. La formación recuerda además que impulsó el debate sobre el impuesto turístico en 2017 en las Juntas Generales de Gipuzkoa y considera que el pacto alcanzado mejora de forma sustancial el proyecto inicial.
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