¿Terminarán sacando los más de 115.000 metros cúbicos de roca vertidos ilegalmente en Belartza Alto?, nada está del todo claro pese al paso dado esta mañana en la junta de gobierno local en que se ha aprobado el proyecto de retirada de relleno «para restablecer la legalidad urbanística» en el ámbito afectado. Este proyecto tiene un presupuesto de 1.275.269 euros y, según el alcalde Eneko Goia, tras «numerosas requisitorias» a la empresa responsable, visto que no hay respuesta, el Consistorio ejecutaría la retirada y pasaría luego la factura correspondiente.
Recordaba recientemente el grupo ecologista Haritzalde que han pasado tres años desde que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) «dictó la sentencia 219/2019, por la cual el Ayuntamiento de Donostia fue condenado y quedaba en la obligación de hacer restaurar el paraje de Belartza Alto a su estado natural, tras haber amparado con una licencia ilegal el vertido clandestino de 120.000 metros cúbicos de rocas provenientes de la excavación de la parcela de Mercadona (Belartza cantera)».
«Hacemos lo que tenemos que hacer», ha manifestado esta mañana Goia, que pese a todo tampoco ha puesto plazos ya que habría que sacar a ejecución la retirada de las piedras. Es decir, quedan suficientes pasos pendientes como para poder afirmar que próximamente se ejecutará la tan traída y llevada retirada de las rocas.
Haritzalde culpaba recientemente al Consistorio de «seguir negociando con la empresa promotora e incumplidora, a la que se le ha sancionado en repetidas ocasiones».
El grupo ecologista mantiene que la empresa responsable dejó allí las rocas para utilizarlas en construcciones paralelas y en lo que iba a ser Belartza 2. Es decir, «que la empresa, además de cometer una ilegalidad, se ha lucrado de la misma».
Reacciones de la oposición
«El gobierno de Eneko Goia está haciendo todo lo que está en su mano para dilatar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, favoreciendo con ello a quien ha incumplido la legalidad urbanística”, ha expresado el concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran.
Ha asegurado Burutaran que el proyecto aprobado hoy ya había sido presentado por Endara Ingenieros Asociados el 9 de junio de 2021 y también aprobado por el Departamento de Urbanismo el 24 de junio del mismo año.
En la misma tesitura Haizea Garay, concejala del grupo municipal Elkarrekin Donostia, ha recalcado que el gobierno municipal no cuenta aún con una fecha para la retirada del relleno ilegal de Belartza 2 y ha señalado que el proyecto no concreta la retirada de material a vertedero e ignora los vertidos ilegales posteriores al relleno.
Garay ha rechazado la actitud del gobierno municipal denunciando «el dilatado proceso que provoca que aún el relleno ilegal siga allí». Y ha incidido en que en septiembre se cumplirán tres años de la sentencia 291/2019 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ordenaba retirar las tierras ilegalmente vertidas en 2016.
Tras aquella sentencia «el gobierno municipal ha demorado sin razón alguna su cumplimiento, ha retrasado su ejecución casi tres años y aún hoy siguen sin confirmar cuándo van a retirar las piedras. Parece una broma de mal gusto pero no lo es».
Desde Haritzalde
«Cualquier trámite administrativo municipal ha de resolverse en un plazo de 3 meses, incluidas las
licencias de obras mayores, pero el propio Ayuntamiento lleva 3 años para ejecutar una sentencia firme», ha denunciado Haritzalde.
«En estos 3 años hemos registrado en el mismo diferentes escritos denunciando la demora, la falta de información y en último término el incumplimiento de la sentencia. La autoridad Judicial ordenó incluso al Ayuntamiento que acelerase los trámites para el cumplimiento de la misma y le informase puntualmente, como máximo cada 3 meses, de los pasos dados, cosa que también ha incumplido. No se está respetando el principio legal básico de tutela judicial efectiva«, ha añadido el grupo ecologista en un comunicado.
Para Haritzalde la aprobación del proyecto es, sin duda, «un pasito más», «pero a este ritmo quedaría todavía un largo camino hasta la retirada efectiva de los materiales y la restauración ecológica y paisajística del entorno y
la restitución de la legalidad urbanística anterior».
«No olvidemos que el vertido ilegal supuso la destrucción de una zona de campiña de alto valor ecológico que incluía un hábitat de interés comunitario (6510, prados de siega) y con afección al arroyo de Irubide y al arbolado protegido circundante!. Más información, aquí.
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