Donostia volvió a caminar este domingo contra el racismo. Lo hizo desde Trintxerpe hasta el Boulevard, en una marcha que, más allá de las cifras —más de medio millar de personas—, puso el foco en una realidad tan cotidiana como invisible: “sin padrón no existes”.
La XXIX Marcha contra el Racismo y la Xenofobia, impulsada por SOS Racismo y decenas de colectivos sociales, convirtió ese lema en hilo conductor de toda la mañana. No era solo una consigna. Era una denuncia directa: la de miles de personas que viven en Euskadi pero no pueden demostrarlo administrativamente y, por tanto, quedan fuera de derechos básicos.
La marcha arrancó pasadas las 11:30 desde la zona del mercado de Trintxerpe. Desde el inicio, el ambiente fue tranquilo pero reivindicativo, con familias, jóvenes y personas de distintas procedencias compartiendo recorrido. Algunas llevaban sobre la cabeza cajas de cartón en forma de casa —una imagen ya reconocible de la campaña de este año—; otras, pancartas con mensajes como “Ninguna persona es ilegal, ilegal debería ser el racismo institucional”.
A medida que avanzaba el recorrido hacia Donostia, la movilización fue creciendo en visibilidad. Al tramo final se sumó una batucada que aportó ritmo y convirtió la llegada al Boulevard, ya pasadas las 13:00, en un espacio a medio camino entre la protesta y el encuentro colectivo.
Ya en el Boulevard, los portavoces de SOS Racismo Gipuzkoa pusieron palabras a lo que durante toda la marcha se había expresado en carteles y consignas. Hablaron de “una barrera infranqueable” y de una exclusión que no consideran accidental. “No es un error, es una forma de exclusión”, subrayaron.
El empadronamiento, insistieron, no es un trámite menor. Es la puerta de entrada a derechos básicos como la sanidad, los servicios sociales o, en definitiva, una vida en condiciones de dignidad. Sin él, explicaron, miles de personas quedan en una especie de limbo administrativo: “viven aquí, cuidan, trabajan, forman parte de nuestros barrios”, pero no existen para la administración.
.La imposibilidad de empadronarse —por falta de contrato de alquiler, por situaciones de vulnerabilidad o por criterios restrictivos— termina traduciéndose en exclusión real.
De ahí una de las principales reivindicaciones: establecer “criterios transparentes y comunes” que garanticen el acceso al padrón para todas las personas que viven en Euskadi. No como concesión, sino como derecho. Y también, insistieron, como obligación institucional.



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