(EFE). SOS Racismo Gipuzkoa ha denunciado en un informe «acoso policial» hacia los jóvenes inmigrantes en situación de calle, el 30 % de los cuales ha relatado haber recibido insultos por parte de la Ertzaintza, el 14 % por la Policía Municipal, el 11 % de la Policía Nacional y el 5 % de seguridad privada.
Las principales conclusiones del estudio «Población en situación de calle durante la emergencia sanitaria: necesidades percibidas y requerimientos para su atención», que ha contado con la colaboración del departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco y la Red de Acogida Ciudadana Harrera, ha sido presentadas este lunes en la comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco.
El 84 % de los jóvenes inmigrantes de más de 18 años que se han visto obligados a vivir en la calle declaró haber tenido «en algún momento» problemas con la policía en general, recoge el estudio.
El 30 % del total asegura que tuvieron conflictos con la Ertzaintza «bastantes veces o muy frecuentemente», el 19 % con la Policía Municipal, el 8 % con el Cuerpo Nacional de Policía y el 16 % con agentes de seguridad privada.
Los problemas que describen tienen que ver con la solicitud de documentación por parte de la Ertzaitza que señala el 57 % de los preguntados, por la policía nacional (46 %), por la policía municipal (27 %) y por seguridad privada (11 %).
El 24 % afirma haber sufrido «alguna agresión» por parte de la Ertzaintza, el 14 % de agentes municipales y el 8 % de policías nacionales.
Según sus testimonios, el 24 % considera que el trato recibido ha sido «malo o muy malo», el 27 % «normal», el 9 % «bueno» y el 4 % «muy bueno».
SOS Racismo remarca en sus conclusiones que los entrevistados destacan la «estigmatización» que sufren ya que «se les para en la calle sostenidamente, se les registra, y si tienen algún objeto como un teléfono móvil o una bicicleta se les exige un compra» y en caso de carecer se les requisa, algo que no sucede con el resto de ciudadanos.
Denuncia «las amenazas» de desalojo por parte de la policía de zonas que son calificadas como urbanizables y hace un llamamiento a las autoridades para que busquen una salida habitacional a estos jóvenes.
Durante el confinamiento domiciliario de 2020 el 11 % de los entrevistados relatan haber recibido reproches por parte de ciudadanos y el 42 % asegura haber recibido llamadas de atención por parte de la policía por ese motivo.
El informe detalla que «más de la mitad» de los jóvenes tuvieron algún síntoma relacionado con la covid «pero un porcentaje mínimo fue visto por un médico».
Más de la mitad de estos jóvenes inmigrantes «fueron en su momento tutelados por el Estado» hasta cumplir los 18 años y quedan «en la calle», señala la ONG.
La mayoría de los participantes en el estudio han estado «un año» en esta situación, lo que les conduce a utilizar recursos habilitados para la población sin hogar autóctona que generalmente padecen problemas de adicciones y situaciones «cronificadas» diferentes a las de este colectivo.
Entre las necesidades percibidas por el colectivo destaca la de alimentación diaria «que no está cubierta por los recursos institucionales», así como la falta de apoyo en las tramitaciones administrativas.
Un tercio de la muestra no recibe ninguna ayuda y el resto cuenta con alguna prestación de la administración o de una organización social.
«Algunas personas» reciben las ayudas PEJO de 600 euros o las de Emergencia Social, que cubren el 60 % del alquiler de una habitación, mientras el 30 % restante debe ser sufragado por el inmigrante, señala SOS Racismo.
