STOP Desahucios Gipuzkoa ha advertido de que la situación en el territorio es crítica: solo en Donostia, Irun y Errenteria al menos 189 familias han necesitado en 2024 y 2025 informes de vulnerabilidad para frenar un desahucio, y otras 27 han solicitado ya las prórrogas extraordinarias previstas por la Ley de Vivienda para evitar quedarse en la calle cuando finaliza su contrato de alquiler.
En Donostia los servicios sociales emitieron 58 informes de vulnerabilidad en 2025 y 98 en 2024; en Irun fueron 33 este año y 50 el anterior, mientras que en Errenteria las cifras son similares. Respecto a las prórrogas extraordinarias, 22 familias de municipios tensionados -Donostia, Errenteria e Irun– han pedido la ampliación de tres años, y cinco familias de municipios no tensionados, la prórroga de un año.
La plataforma considera que estas cifras evidencian que la crisis habitacional en Gipuzkoa es muy grave y subraya que la prórroga del Real Decreto-ley 11/2020 y de su ampliación, el RDL 1/2025, resulta imprescindible para evitar que, a partir de diciembre, muchas de estas familias queden desprotegidas. El decreto suspende los desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, y su continuidad es, según STOP Desahucios, la única barrera que impide que un elevado número de hogares del territorio puedan verse en la calle en 2026.
A esta situación se suma la finalización masiva de contratos de alquiler, en un contexto en el que cada vez más arrendadores se niegan a renovar, especialmente en municipios tensionados.
STOP Desahucios recuerda que las prórrogas extraordinarias de la Ley de Vivienda -de un año para municipios no tensionados y de tres años para los tensionados- están evitando que estos casos terminen en los juzgados como desahucios por expiración de contrato.
La organización denuncia que esta protección es hoy especialmente necesaria en un territorio donde el precio del metro cuadrado, en compra y alquiler, ha superado incluso los niveles de la burbuja inmobiliaria de 2008, mientras que el parque público de vivienda asequible continúa siendo insuficiente para atender la creciente demanda. A nivel estatal, el Ministerio de Consumo prevé además que más de 630.000 contratos finalicen en 2026, un escenario que, de no mantenerse la protección, podría tensar aún más la situación en Euskadi.
Durante la rueda de prensa convocada para el sábado, varias familias afectadas de Donostia, Irun y Errenteria compartirán su testimonio para visibilizar la magnitud del problema. STOP Desahucios exigirá a los grupos vascos en el Congreso que apoyen la prórroga del decreto antidesahucios mientras persista la crisis habitacional, y reclamará también que se apruebe por ley una prórroga automática de todos los contratos de alquiler que finalicen durante 2026, con el fin de evitar una nueva oleada de desahucios por finalización contractual.
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