La plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa ha convocado una concentración ciudadana con rueda de prensa este lunes 5 de mayo a las 11 horas frente a la sede de la Diputación Foral en Donostia. El objetivo: denunciar que la institución foral y su departamento de Hacienda «impiden» que se puedan aplicar los topes al precio del alquiler previstos en la Ley estatal de Vivienda.
Según la plataforma, la falta de envío de los datos fiscales y catastrales al Ministerio de Vivienda por parte de la Diputación está bloqueando la publicación de los índices de referencia de precios necesarios para limitar los alquileres abusivos en las llamadas “zonas tensionadas”. En esa situación se encuentran ya municipios como Irun, Lasarte-Oria, Zumaia y Errenteria, cuyas órdenes han sido publicadas en el BOE. Próximamente se sumarán también Hernani y Donostia, con más de 3.000 viviendas en manos de grandes tenedores.
“Mientras otras comunidades como Navarra sí han enviado la información requerida, Gipuzkoa sigue sin cumplir con esta obligación, lo que perjudica gravemente a miles de personas que no pueden acceder a una vivienda asequible”, denuncia Stop Desahucios. La organización recuerda que durante 2023, junto a las plataformas Inquilinos Azora y Alokairu VPO de Benta Berri, presentaron mociones en 10 ayuntamientos y en las Juntas Generales de Gipuzkoa para exigir que se aplicara la ley.
En mayo de ese mismo año, las JJGG aprobaron una resolución instando a la Diputación a facilitar al Ministerio los datos necesarios. Sin embargo, más de un año después, “la situación sigue bloqueada”, señalan desde la plataforma, que ha seguido insistiendo este 2024 en municipios como Donostia, Irun o Lasarte-Oria.
Stop Desahucios asegura que la mayoría de la ciudadanía está a favor de limitar los alquileres y acusa a la Diputación de “favorecer a fondos buitre y grandes propietarios” frente a las necesidades de quienes buscan una vivienda digna.
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