«Es inaceptable que el 75% de las Ayudas de Emergencia Social (AES) que pagan los ayuntamientos vascos se destinen a pagar la factura energética y no se obligue a este oligopolio a aplicar una tarifa reducida para familias socialmente vulnerables y se les prohíba cortar los suministros básicos». Así se expresaron ayer por medio de un comunicado las plataformas ciudadanas Kaleratzeak Stop Desahucios de Euskadi, que denunciaron a Iberdrola, «empresa multinacional vasca que, como las demás grandes corporaciones, cotiza un ridículo 6% por los beneficios empresariales frente a una media del 15% de las pequeñas empresas. Unos beneficios de 2.752 millones de euros en 2013 de los cuales 20 millones fueron conseguidos manipulando tarifas en plena ola de frío».
Para Stop Desahucios «es un escándalo que millones de personas en el Estado (250.000 en Euskadi) estén sufriendo la pobreza energética y el corte de suministros básicos por no poder hacer frente al pago de las facturas», y anima a la sociedad a movilizarse al respecto.
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