Stop Desahucios ha trasladado en forma de moción al Ayuntamiento donostiarra un dictamen de la ONU del 20 de junio de 2017 pidiendo que mejore la coordinación entre las diferentes administraciones y juzgados para detectar familias en riesgo de exclusión y que, junto a la intervención de los Servicios sociales, se proteja a estas familias de los desahucios. Después de esta primera iniciativa Stop Desahucios presentará mociones en ayuntamientos de las tres provincias.

El Dictamen de la ONU de 20 de junio 2017 y la Sentencia del TS 4211/2017 de Noviembre de 2017 introducen una novedad muy significativa y es que por primera vez obligan a tener en cuenta al Estado, a las CCAA con competencias en esta materia y a los jueces la situación de desamparo en la que pueda quedar la familia en caso de desahucio y la necesidad y obligación de que se utilicen “todas las medidas razonables hasta el máximo de recursos disponibles para satisfacer el derecho a la vivienda, especialmente en familias con hijos menores o colectivos en riesgo de exclusión social”.

A esto hay que añadir la reciente Sentencia del TS de julio de este año 1263/2018, que rechaza la consideración de que dichos dictámenes eran simples recomendaciones y los considera como Derecho Interno, cuyo incumplimiento puede abrir la puerta a una posible responsabilidad patrimonial de la Administración.

Tal y como ha explicado la plataforma esta mañana se trata de aplicar de forma efectiva el Convenio entre EUDEL, GV y el CGPJ, ya que fue aprobado en 2013 y renovado recientemente, “pero sus efectos han sido más mediáticos que reales”.

En el encuentro que ha tenido lugar en el Consistorio donostiarra estaban presentes el portavoz Marce García, las trabajadoras en huelga del Servicio de Ayuda Domiciliaria y representantes de EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza e Irabazi, así como de sindicatos.