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Stop Desahucios pide que VPO como las de Benta Berri no se vendan en el mercado libre

Concentración en Ijentea de afectados por la venta de Inmobiliaria Vascongada a Azora. Foto de archivo: Santiago Farizano
05 Mar.20
Tiempo de lectura: < 1 minuto
La plataforma desconfía de que Azora renueve el contrato a los vecinos de Egia, Centro y Gros cuyos alquileres han vencido

Los cuatro inquilinos que recibieron por parte de Azora la posibilidad de renovar sus contratos de alquiler no han podido reunirse aún con representantes de la empresa. Así que Stop Desahucios mantiene la duda razonable sobre la renovación y sus condiciones y también la mantienen todos los afectados por la compra de Inmobiliaria Vascongada por parte de este fondo buitre que se ha hecho con más de 300 viviendas en Donostia. Viviendas cuyos alquileres se van agotando. En la movilización de hoy había representantes de Elkarrekin Donostia, EH Bildu, ELA sindikatua, Alokairu y Bizilagunekin entre otros.

En este contexto Stop Desahucios presentará en los próximos días a partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales varias propuestas entre las que sobresale una: que las Viviendas de Protección Oficial en alquiler construidas antes de 2003 por convenios entre Gobierno vasco y Constructoras (como el caso de Benta Berri) no puedan venderse en el mercado libre, que nadie sea desahuciado sin alternativa habitacional por no poder pagar las rentas, que dichas rentas no superen el 30% de los ingresos y que no se vuelva a utilizar esta fórmula de colaboración público-privada en el futuro.

La plataforma también aboga por los índices de referencia del alquiler por barrios y municipios que tengan en cuenta los ingresos medios de cada zona e impidan la especulación y los aumentos abusivos de las rentas. Y con ellos la penalización de los arrendadores que incumplan los índices de referencia del alquiler.

En este contexto Stop Desahucios aboga por el cumplimiento efectivo de los dictámenes de Naciones Unidas y la aprobación de una Proposición de Ley que adapte a Euskadi el contenido del Art. 5 de la Ley Catalana 24/2015. Todo ello con un objetivo: no puede haber ningún desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional previa y adecuada.

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