¿Son realmente seguras las aguas en las que nos bañamos o practicamos surf? Aunque los informes oficiales de la Unión Europea afirman que el 85 % de las zonas de baño están en estado “excelente”, Surfrider Foundation Europe lanza una dura advertencia: la calidad de las aguas recreativas se evalúa de forma incompleta, con criterios desfasados y una cobertura limitada que no refleja los riesgos reales.
La ONG, con sede en Donostia, denuncia la decisión de la Comisión Europea de no revisar la Directiva sobre aguas de baño (2006/7/CE), pese a haber reconocido sus carencias en un reciente estudio de impacto. “Es una decisión incomprensible que no responde ni al contexto climático ni al conocimiento científico actual”, afirma Xavier Curto, coordinador de la delegación española.
La normativa vigente solo mide dos bacterias (E. coli y enterococos), durante el verano y en zonas oficialmente designadas para el baño. Esto excluye vastas áreas utilizadas para deportes náuticos como el surf o el paddle surf, así como otros contaminantes invisibles pero peligrosos: microplásticos, sustancias químicas persistentes como los PFAS, cianobacterias tóxicas o residuos flotantes.
“El sistema actual ofrece una falsa sensación de seguridad. Las personas creen que el agua está limpia porque no se ve sucia, pero eso no significa que no esté contaminada”, denuncia Curto. Además, el cambio climático está agravando la proliferación de algas nocivas y otros elementos que suponen riesgos sanitarios y ambientales, cada vez más frecuentes.
Surfrider alerta también sobre un riesgo emergente: la resistencia antimicrobiana. Las aguas residuales mal tratadas pueden liberar bacterias resistentes a antibióticos, una amenaza para la salud pública que no es detectada con los métodos actuales.
Una directiva que no responde a los retos actuales
Adoptada hace casi 20 años, la Directiva europea no ha sido actualizada para responder a los desafíos actuales. En 2022 se anunció una posible revisión, pero ahora, en 2025, la Comisión ha decidido no modificarla, sin consultar a las partes interesadas ni ofrecer una explicación clara. Esta decisión, según la ONG, contradice el espíritu del Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de Contaminación Cero.
Ante esta situación, Surfrider Foundation Europe ha lanzado una campaña de denuncia a nivel continental. Reclama, entre otras medidas, que la vigilancia de las aguas se amplíe a todo el año, que se incluyan nuevos parámetros de contaminación y que se mejoren tanto el acceso público a la información como la participación ciudadana en la toma de decisiones.
“Vamos a seguir presionando desde la sociedad civil, desde la ciencia y desde el activismo. Porque no se trata solo de bañarse en verano, hablamos de salud pública, de ecosistemas marinos y de justicia ambiental”, concluye Curto.
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