San Sebastián, 30 abr (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado una moción que pide al Gobierno español acelerar la cesión del Palacio de La Cumbre al consistorio, impulsada por primera vez de forma conjunta y consensuada por todos los grupos políticos de la corporación salvo el PP, que además ha votado en contra.
Aunque la institución municipal ya ha hecho repetidos pronunciamientos en el mismo sentido, en la sesión plenaria celebrada este martes, se ha debatido y aprobado una moción conjunta del PNV, EH Bildu, el PSE/EE y Elkarrekin Donostia, a la que se ha opuesto el grupo popular, en la que se volvía a instar al Gobierno central a tramitar a la mayor brevedad la cesión del citado inmueble, para avanzar en el proyecto de conversión en espacio de memoria.
La iniciativa recuerda que esto debe producirse en cumplimiento de una disposición adicional de la Ley de 2022 de Memoria Democrática, que preveía dicha cesión en virtud del acuerdo para apoyarla que alcanzó EH Bildu con el ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
El nuevo pronunciamiento de la corporación donostiarra se ha materializado tras un debate entre los grupos al que han asistido representantes de colectivos vecinales de la zona de Aiete y familiares de José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa, militantes de ETA que fueron torturados en La Cumbre en 1983, antes de ser asesinados por los GAL.
Durante las intervenciones, el concejal socialista Íñigo García ha asegurado que el ejecutivo central «está trabajando» en este asunto e incluso «existe ya un borrador de convenio» de traspaso por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por lo que espera que «pronto» se materialice y pueda arrancar la transformación de La Cumbre y su edificio, «vinculado a episodios oscuros de vulneración de derechos humanos», en «espacio de convivencia y cultura».
El concejal del PP Jorge Mota ha explicado «el firme rechazo» de su grupo a la moción por considerar que la cesión sería fruto de «un proceso ni transparente ni participativo» sino enmarcado en «una negociación unilateral entre el Gobierno de España y EH Bildu», algo que ha tildado de «grave y lamentable».
Tras asegurar que los populares no se oponen a la cesión de «espacios públicos» para «el disfrute de la ciudadanía» y «la cultura», ha dicho que no podían «avalar ni legitimar una moción que pretende blanquear una forma de actuar profundamente antidemocrática y opaca», y una operación gestada en un contexto de «utilización de la memoria democrática con fines políticos».
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