Tripulantes del pesquero gipuzkoano ‘Beti Aingeru’, acusados de amenazar al armador, denuncian explotación

Getaria (Gipuzkoa), 10 oct (EFE).- Tripulantes del pesquero guipuzcoano ‘Beti Aingeru’ que fueron acusados de haber amenazado y atacado al armador y al capitán, han negado estas imputaciones y han asegurado que lo sucedido a bordo «no fue un motín» sino una reivindicación de derechos laborales tras sufrir «explotación, maltrato y racismo».

Doce de los catorce marineros de este barco –once de origen senegalés y uno maliense-, acompañados por dos responsables del sindicato LAB, ofrecieron este viernes su versión de lo ocurrido en una rueda de prensa en el puerto de Getaria delante del buque atracado, que suele operar en este puerto pero tiene base en el de Pasaia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de septiembre, cuando el pesquero fue escoltado por una patrullera de la Guardia Civil hasta el puerto de Gijón (Asturias), tras pedir ayuda mientras faenaba a unas doce millas náuticas de Ribadesella.

Tras la denuncia en tierra interpuesta por el armador, la Guardia Civil tomó declaración a toda la tripulación y, en calidad de investigados no detenidos, a tres marineros acusados de sendos delitos de amenazas contra el capitán y el propietario del pesquero, y a dos de ellos, además, por presunta agresión a este último.

En la comparecencia de ayer el representante de LAB Bittor Peso y la responsable de la Secretaría Antirracista del sindicato, Txefi Roco, junto a Malick Sene, el pescador que ha hecho de portavoz, han afirmado que lo ocurrido en el barco «no fue un motín», tal como, según han informado, «confirma el propio atestado» de la Guardia Civil, que «en ningún momento recoge» tal calificación.

Esa acusación fue difundida «intencionadamente» por el armador del ‘Beti Aingeru’ para «favorecer» sus intereses y «alimentar imaginarios racistas y estigmatizantes» hacia los empleados, manifestó Roco, que advirtió de que, «si hubieran sido blancos, probablemente no se hubiera hablado de motín».

Peso explicó que estos ‘arrantzales’ simplemente «reivindicaron sus derechos laborales» ya que, tras un periodo de 37 días seguidos sin volver a casa y un descanso de solo dos jornadas, volvieron a embarcar y llevaban otros 26 días consecutivos faenando, algo que «no es habitual en barcos de bajura» como el ‘Beti Aingeru’.

Malick Sen, senegalés de 29 años que lleva 14 en Euskadi, narró que hacía días que soportaban «insultos», «amenazas» y «agresiones» mediante «lanzamiento de objetos» por parte del propietario, que suele embarcar y «siempre está al mando», aunque tiene un patrón, el último contratado «hace poco» y quien respaldó sus acusaciones ante la Guardia Civil.

«Cuando se enfada, Joaquín (el armador) rompe y tira cosas», y grita a menudo que «si no haces esto o lo otro va a matarte», dijo el joven, que ha dado varios ejemplos del trato despótico que supuestamente sufrían.

El 27 de septiembre se negaron a seguir trabajando porque no aguantaban más, relató Sen, que añadió que «tiró al mar la bombona» de gas para impedir que cocinaran y les «echó basura desde el puente».

«Entonces se inventó todas esas cosas del motín -ha continuado-. Dijo que lo habíamos encerrado y que le dijimos que lo íbamos a echar al mar. Pero todo eso es mentira«.

«Los senegaleses llevamos más de 25 años trabajando de pescadores (en Euskadi) y nunca ha pasado nada», remarcó el tripulante, que agregó: «Todos hemos venido aquí a trabajar en paz, pero eso no quiere decir que debamos agachar la cabeza cuando nos tiran objetos» y por eso «paramos el trabajo» y «hemos venido aquí, a reclamar nuestros derechos«.

Tanto Sen como los miembros de LAB han denunciado que la tripulación no ha cobrado aún los salarios ni el porcentaje por el cimarrón pescado de la última campaña y se encuentra sumida en «un limbo», porque les consta que el armador «ha dado la orden de desenrrolar» y darles de baja «por fin de campaña», pero no han recibido ninguna notificación ni carta de despido, por lo que tampoco cobran el desempleo.

Agregó que, tras intentar en vano ponerse en contacto con el armador, los servicios jurídicos del sindicato, del que es afiliado uno de los marineros, «analizan» qué posibles acciones laborales pueden emprender, ya que la denuncia e investigación policial abierta seguiría por la vía penal.

«Todo esto tiene un nombre: explotación laboral y racismo», zanjó Roco, que exigió respeto a los derechos de este colectivo de trabajadores, «en su mayoría senegaleses», que en la pesca de bajura carecen de convenio colectivo propio y donde «no hay controles ni inspecciones».