UGT-Euskadi ha denunciado esta semana que Osakidetza sigue sin finalizar la evaluación de riesgos psicosociales, a pesar de que el 27 de julio de 2015 la Inspección de Trabajo volvió a dar la razón al sindicato y dio al Servicio Vasco de Salud un plazo de 7 meses para acabarla. Según UGT el hecho de que Osakidetza no tenga hecha una evaluación de riesgos psicosociales ha llevado a costar 230.000 euros al erario público, dado que ha tenido que indemnizar a dos trabajadoras, una médico del Hospital de Txagorritxu y a una enfermera del centro de salud de Aiala, tras dos sentencias que en los últimos meses han resuelto de forma favorable a ambos empleados.
Antonio González, responsable de Salud Laboral de la Federación de Servicios Públicos de UGT, advierte de que “el daño a la salud de estas trabajadoras es incuestionable, pero hay que tener en cuenta que, en términos de dinero, a esos 230.000 euros que han ido a cargo del erario público, hay que añadir el costo de las bajas laborales de ambas trabajadoras, sueldo de los trabajadores contratados para sustituirlas y en el coste de una de ellas añadir una incapacidad permanente absoluta, con una pensión pública”.
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