La plataforma Stop Desahucios de Euskadi ha convocado para mañana una concentración y rueda de prensa para apoyar a dos familias gipuzkoanas “vulnerables, que viven de alquiler y con hijos menores”, de Pasaia y Donostia. Si nadie lo remedia, ambas van a ser desalojadas de sus hogares el 31 de diciembre y el 31 de enero, respectivamente. El acto reivindicativo será a las 11.00 horas ante la delegación de Etxebide –el Servicio Vasco de Vivienda- en la capital donostiarra, situado en la C/ Andia nº 13.
Stop Desahucios narra en un comunicado los casos concretos. En Pasaia las víctimas son Miren, Aitor y su hija de tres años, además de que la madre está embarazada de seis meses. Van a ser echados «por finalización de su contrato de tres años», algo que sucederá «en plenas Navidades». Y en Donostia, «Lourdes y sus tres hijos menores tienen una demanda instada por la Fundación Zorroaga por impago del alquiler de su vivienda».
«Ambas familias, como muchas otras en Euskadi, son colectivos vulnerables protegidos por el dictamen obligatorio del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas», prosigue el colectivo, «que obliga a las administraciones públicas a garantizarles una salida habitacional antes de proceder a sus desalojos».
Silencio institucional
«Ambas familias están en contacto con los servicios sociales de sus ayuntamientos, han dirigido escritos firmados también por Stop Desahucios a Etxebide informándole de sus desalojos y solicitándole una vivienda de alquiler social». En el caso de los donostiarras, han dirigido asimismo «dos escritos a Etxegintza (viviendas municipales) con la misma finalidad. Todos estos escritos aún no han tenido respuesta alguna».
Como subraya Stop Desahucios, el CGPJ ha publicado los datos de desahucios por alquiler producidos en Euskadi en el tercer trimestre de 2018, «y estos han aumentado de media un 7,9% respecto al mismo trimestre del 2017». A juicio de la plataforma, dichos números «ponen de manifiesto el insuficiente parque de viviendas de alquiler social gestionadas por Etxebide y Etxegintza, la escalada especulativa de los precios del alquiler y su consecuencia: el incremento de desahucios y desalojos».
