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Una familia de Benta Berri, al borde del desahucio “y con las cuentas al día”

Foto de archivo: Santiago Farizano.
19 Mar.19
Tiempo de lectura: 2 minutos
La plataforma Stop Desahucios alerta a ayuntamientos y CAV "que hayan cedido el derecho de superficie para construir viviendas de VPO de alquiler a UTES inmobiliarias que en la actualidad pueden pertenecer a fondos buitre"

Txomin, Bea y sus dos hijos van a ser desahuciados de su vivienda de VPO en alquiler en Benta Berri el viernes a las 9.30 horas a manos de Testa Residencial-Socimi, con sede en Madrid, y cuyo inversor mayoritario desde septiembre 2018 es el fondo buitre Blackstone según denuncia Stop Desahucios. Pese a que el 19 de enero la familia ingresó en la cuenta correspondiente los 7.824 euros de las rentas adeudadas, este “fondo buitre” no ha retirado la demanda 918/2018 del juzgado número 2 de Donostia. En el contexto de este desahucio, la plataforma avisa a ayuntamientos y CAV “que hayan cedido el derecho de superficie para construir viviendas de VPO de alquiler a UTES inmobiliarias que en la actualidad pueden pertenecer a fondos buitre”.

Stop Desahucios recuerda que San Sebastián es un municipio libre de desahucios desde la resolución de pleno del Ayuntamiento de 24.09.2015 y su gobierno municipal esta obligado a intermediar con las entidades financieras, inmobiliarias o fondos de inversión para evitar desahucios de deudores de buena fe como es esta familia.

Igualmente la plataforma, que ha convocado una concentración ante la sede del Gobierno vasco, en la calle Andia, este miércoles 20 a las 11 horas, denuncia públicamente al fondo buitre Testa-Socimi-Blackstone, propietario actual de las 450 viviendas VPO en alquiler construidas en Benta Berri y autor de este desahucio.

Siempre según los datos Stop Desahucios en los años 90 el Gobierno vasco cedió por 75 años el derecho de superficie de estas viviendas a la UTE Benta Berri compuesta por Metrovacesa y Vallehermoso, que en el 2016 se fusionaron con Testa Residencial-Socimi que gestiona hasta 12.000 viviendas en todo el Estado, entre ellas las VPO de Benta Berri.

Estas 450 viviendas fueron adjudicadas por sorteo efectuado por el Gobierno vasco a los solicitantes que no tuvieran vivienda en propiedad, y cuyos ingresos estuvieran comprendidos entre 3.000 y 39.000 euros anuales.

Txomin y Bea firmaron el contrato de arrendamiento el 24.11.1998 y las condiciones estaban supervisadas por el Gobierno vasco (cuota inicial y sus revisiones, duración y prorrogas) durante 30 años, plazo que finaliza el 17.11.2028, fecha en la que el actual propietario, Testa-Socimi-Blackstone, podía fijar las cuotas según el libre mercado.

De ahí que Stop Desahucios lance un aviso a Ayuntamientos y CAV que hayan cedido el derecho de superficie para construir viviendas de VPO de alquiler a UTES inmobiliarias que en la actualidad pueden pertenecer a “fondos buitre”.

Aunque la familia se personó con abogado y procurador y pagó todas las cuotas adeudadas y está al día de las mismas, no lo hizo en los plazos señalados y el “fondo buitre” no retiró la demanda. Y se mantiene la fecha de desahucio del viernes.

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