Vitoria, 3 jun (EFE).- Víctimas del poeta y religioso Patxi Ezkiaga, acusado de agredir sexualmente a alumnas menores durante su trayectoria como docente y director del colegio La Salle de San Sebastián, han pedido la creación de un fondo público que ayude a pagar las terapias que necesitan muchas víctimas de estos delitos.
Marisol Zamora y Olatz Mercader han comparecido este miércoles en el Parlamento Vasco para explicar la situación de las víctimas de los abusos cometidos entre 1976 y 2012 por Patxi Ezkiaga, fallecido en 2018, después de que el Ararteko emitiera un informe sobre el caso en el que pedía a La Salle un acto de reparación público y colectivo.
Ambas han agradecido el apoyo mostrado por el Ararteko y han lamentado el «portazo a cualquier forma de reparación colectiva» por parte del colegio donostiarra, que en su momento «miró para otro lado» porque Ezkiaga «no actuaba en la sombra». «Cuando fuimos más vulnerables, quienes debían ser nuestro escudo fueron cómplices con su silencio», han lamentado.
La Salle tiene colgado en su página web un comunicado en que muestra «su más enérgica condena» a los abusos de Ezkiaga y muestra su apoyo a las víctimas y su voluntad de repararlas. Sin embargo ha rechazado el acto de reparación colectivo propuesto por el Ararteko y se decanta por el sistema Priva (pactado por el Gobierno y la Iglesia para indemnizar a víctimas de abusos sexuales) como vía de reconocimiento.
Por ello, entre la batería de medidas planteadas por Zamora y Mercader a los grupos parlamentarios, está la de que «interpelen a las instituciones que callan» ante posibles abusos. Han valorado en todo caso su presencia en la Cámara vasca como un «primer acto de reparación moral» al que «La Salle se ha negado».
«La respuesta de La Salle nos ha demostrado que la endogamia de la institución genera silencio» y por ello reclaman «mecanismos independientes para conocer la verdad y que la investigación no quede en manos de las instituciones implicadas».
Ese órgano externo debería recogerse es una «ley integral de protección y la memoria que garantice que también incluiría «la retirada obligatoria de cualquier honor público» al agresor para lanzar el mensaje a los niños de que «el éxito social nunca es una licencia para el abuso».
En el caso de Ezkiaga después de que salieran a la luz las primera denuncias en 2024 instituciones como el Ayuntamiento de Legorreta a revocar su condición de hijo predilecto, y a retirar también una escultura en su honor. Sin embargo, «durante años se nos hizo creer que nuestra palabra era insignificante frente a la brillantez de un premio literario», han lamentado.
Las dos víctimas han pedido también un fondo público de reparación para sufragar terapias a las víctimas y vincular financiación pública a un «compromiso ético» que acarrea la adopción de protocolos de prevención de abusos: «El dinero público no debe subvencionar a organizaciones que se atrincheran en la opacidad y se niegan a la reparación colectiva».
Si hay dinero público debe ser «a cambio de una seguridad absoluta» para los menores en todos los ámbitos, desde academias de música a campamentos o clubes deportivos. «No queremos puntos ciegos donde un depredador pueda volver a sentirse impune», han explicado.
Zamora y Mercader han demandado asimismo un servicio público de atención integral gratuito, permanente y especializado en trauma por abuso sexual infantil, que ofrezca apoyo psicológico y jurídico de largo recorrido.
Esa exigencia de apoyo público viene derivado de que toda la sociedad «tienen una responsabilidad compartida por aceptar durante décadas este ecosistema de impunidad». El Parlamento tiene ahora «una oportunidad histórica para saldar esa deuda» y de trabajar para lograr que algo así «no vuelva ocurrir en ningún lugar de nuestro país». Más sobre el tema, aquí.
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