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Viviendas turísticas: EH Bildu exige que no se den más licencias tras una sentencia que cuestiona parte de la Ordenanza

Amara Berri. Foto: Santiago Farizano
04 Dic.19
Tiempo de lectura: 3 minutos
Archivado en:
El juez pone de relieve que la normativa choca con el Plan General y el Consistorio trabaja en la reforma del PGOU para que ambas normas estén "alineadas"

Una sentencia del 27 de noviembre del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Donostia “pone patas arriba” según EH Bildu la Ordenanza de viviendas turísticas del Ayuntamiento donostiarra, ya que entre las consideraciones del juez incluye que ésta no puede contravenir el Plan General de Ordenación Urbana como sí ocurre en lo que respecta a la norma de la primera planta. Esto provoca “inseguridad jurídica” y abre la puerta a numerosas reclamaciones, según EH Bildu. Sin embargo fuentes municipales han hecho hincapié en dos puntos: lo dicho por el juez en este punto no forma parte del fallo, sino que es una consideración de los fundamentos de derecho, y además desde el Consistorio se está trabajando en la reforma del PGOU para que quede “alineado” con la Ordenanza. Por ello no creen que esto vaya a tener “consecuencias prácticas” para el Consistorio.

Curiosamente la sentencia que ha abierto la caja de los truenos da la razón al Ayuntamiento en cuanto a que niega a un particular de la calle Zubieta, concretamente un piso de un entresuelo, la licencia de vivienda turística. Sin embargo al grupo municipal EH Bildu no le he pasado inadvertido el siguiente texto que acompaña el fallo: “Se autoriza la implantación de usos hoteleros en esas plantas siempre que ninguna de las ubicadas por debajo de la última en la que existan y/o se pretendan implantar los mismos esté destinada o se proyecte destinar a uso residencial (…); disposición de carácter general que es transgredida por la regulación contenida en el artículo 14.2 de la Ordenanza, lo cual establece una excepción al requisito de que no exista o se proyecte uso residencial por debajo del solicitado de vivienda turística que encuentra acomodo en la regulación contenida en la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana. Por el referido motivo considero que, en efecto, el artículo 14.2 de la Ordenanza es nulo de pleno derecho”.

Esta tesis de que la ordenanza no debería contravenir el PGOU es acorde con la opinión que siempre ha mantenido EH Bildu, que afirma que a lo largo de estos meses se han legalizado “viviendas no legalizables” porque no están en la primera planta.

“Se han concedido licencias mal y es una irresponsabilidad manifiesta”, ha manifestado el concejal Ricardo Burutaran, quien cree que podrían ser cientos los inmuebles en esta situación. “Se abre la puerta a la revisión”, ha añadido, expresando el riesgo que supone esta “inseguridad jurídica” que da lugar a la posibilidad de numerosos recursos de comunidades de vecinos, titulares con licencias mal concedidas, etc. Y se ha referido también en este punto a las consecuencias patrimoniales para el Consistorio. 

Burutaran ha pedido la comparecencia del alcalde Eneko Goia y que no se den nuevas licencias que contravengan el Plan General. 

El otro punto de vista

Fuentes municipales han hecho hincapié en que lo dicho por el juez en este punto no forma parte del fallo, sino que es una consideración de los fundamentos de derecho. “Si se confirmara esta tesis, el Ayuntamiento tiene ya aprobada inicialmente una modificación del Plan General. Estamos alineando el PGOU con la ordenanza y estamos tranquilos”. Y han añadido que “la Ordenanza, aunque tenga alguna contradicción, es un medio jurídicamente solvente para regular todo lo que a viviendas turísticas se refiere”.

Por otro lado la Ordenanza podría ser anulada por más altas instancias, concretamente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y aún habría recorrido en los tribunales según han añadido las mismas fuentes. 

También se han referido al recurso contra la normativa presentado por la Comisión de la Competencia Estatal. “Realmente quienes nos preocupan son quienes vienen a decir que es un uso residencial típico, que las viviendas turísticas no debe tener regulación y que el Ayuntamiento no tiene esa potestad”.

 

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