Los tres detenidos con relación al derrumbe del vertedero de Zaldibar (el propietario del vertedero, la gerente y el director ténico) han quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer una vez al mes y tras habérseles retirado el pasaporte.
Las detenciones tuvieron lugar anteayer, cinco meses después del deslizamiento de tierra que costó dos vidas: la de los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquin Beltrán, cuyos restos no han sido encontrados.
Cabe recordar que con el deslizamiento y las muertes se dieron diversas circunstancias que pusieron en jaque la actuación institucional: la aparición de amianto en el vertedero, el hecho de que inicialmente los trabajadores no estaban correctamente pertrechados en la búsqueda de los cuerpos, el incendio que comenzó después y tardó varios días en apagarse, la calidad del aire que obligó a cerrar ventanas de Zaldibar y sus localidades vecinas durante días, la sobreexplotación que aparentemente motivó el derrumbe…
El pasado mayo y a colación de unas preguntas del Partido Popular la Comisión Europea anunció que dada la “gravedad del caso” pretendía examinar lo sucedido y pedir información a las autoridades españolas. Quien respondió fue el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.
Plataformas de Zaldibar, Ermua y Eibar no cesan las muestras de repulsa ante lo sucedido y siguen buscando que se diriman responsabilidades por el trágico suceso.
