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Tribunales

A juicio una estafa de 4 millones a 90 personas mediante bonos chinos de 1913

Los procesados, tres hombres y una mujer, se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Gipuzkoa la próxima primavera

Audiencia provincial. Foto: Santiago Farizano

(EFE). Próximamente se llevará a juicio una estafa de 4 millones a 90 personas mediante bonos chinos de 1913. La Fiscalía de Gipuzkoa estima que los afectados rondan las 90 personas y sitúa el valor de lo defraudado en entre tres y cuatro millones de euros. Los presuntos autores se enfrentan ahora a una posible condena a más de seis años de prisión.

Los procesados, tres hombres y una mujer, se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Gipuzkoa la próxima primavera, acusados de un delito continuado de estafa y de otro de pertenencia a grupo criminal por los que el Ministerio Público reclama penas que suman seis años y tres meses de prisión para cada uno de ellos, así como una multa de 5.400 euros.

La Fiscalía solicita asimismo que los inculpados devuelvan las cantidades presuntamente estafadas (227.000 euros) a nueve de sus víctimas que han presentado reclamaciones por estos hechos, si bien el procedimiento judicial incluye también a otros seis supuestos afectados que han renunciado a la indemnización que les pudiera corresponder por la estafa que, en conjunto, podría haber afectado a cerca de 90 inversores.

Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan a agosto de 2003, cuando uno de los acusados contactó con una ciudadana estadounidense que le ofreció la posibilidad de invertir en títulos de deuda pública al portador emitidos por la República de China en el año 1913.

Bonos no reconocidos

Estos bonos, que en la actualidad no son reconocidos como «instrumentos financieros legítimos por los mercados» ni por la actual República Popular China, se denominan «The Chinese Govermen: Five per cent. Reorganisation Gold Loan of 1913».

Tras entrevistarse con esta mujer, el procesado planteó al resto de inculpados, entre los que se encontraba su entonces esposa, la posibilidad de actuar «conjuntamente» con el fin de «captar inversores» para los bonos entre sus propios familiares, amigos y conocidos.

De esta manera, los imputados presuntamente trataban de convencer a sus víctimas prometiéndoles «elevadas rentabilidades» y asegurándoles que los bonos adquiridos «serían reconocidos por el actual Gobierno chino».

Rentabilidades variables

El documento del Ministerio Público aclara que, a pesar de que el valor nominal de los bonos era de 20 o 100 libras», los inculpados presuntamente los vendían «por distintas cantidades», ofreciendo «rentabilidades variables», a pesar de tratarse de documentos que no estaban «admitidos a una cotización en el mercado que permitiera determinar la correspondencia entre la cantidad invertida con el porcentaje o número de bonos adquiridos».

De esta manera, entre los años 2003 y 2010, «con el firme propósito de «obtener un ilícito beneficio» los tres acusados varones habrían contactado con «familiares y amigos» a los que, «aprovechando su relación de confianza», supuestamente les ofrecieron participar en la compra de los bonos, «conformando un entramado en el que actuaban como intermediarios» entre las víctimas y la ciudadana estadounidense «tenedora original» de los documentos.

Pingües beneficios

Los encausados indicaban a los afectados que la inversión era segura y «les llegaban a augurar pingües beneficios», como rentabilidades de hasta 50.000 euros por cada 6.000 invertidos, pero «sin hacer mención a los riesgos» y sin contarles que los bonos «no tenían el carácter de instrumentos financieros ni estaban admitidos a cotización en ningún mercado».

Por su parte, la mujer procesada, supuestamente conocedora según la Fiscalía de las «gestiones» de los otros tres encausados, habría llegado a participar en ellas «firmando» unos «contratos privados» que les «exoneraban» tanto a ella como a su esposo de los trámites realizados, tras descubrir la Hacienda foral una deuda de 237.038 euros de su marido por ingresos no justificados durante el año 2005.

No obstante, de forma general, los acusados pactaban los contratos de venta de estos bonos «de forma verbal» sin llegar a formalizar «documento alguno» ni indicar en ocasiones el «porcentaje» de títulos adquiridos, mientras que los inversores les entregaban el dinero «en efectivo».

Cuentas en el Extranjero

La Fiscalía destaca que los procesados llegaron incluso a ofrecer a los perjudicados «cuentas en Suiza o en Andorra» con el supuesto fin de «ingresar el dinero obtenido en la venta de los bonos y evitar de este modo el pago de impuestos».

Pasados los meses sin que los acusados abonasen cantidad alguna a los inversores y, ante la «preocupación de estos», los inculpados comenzaron a pedirles «paciencia» para realizar distintas «gestiones» como autentificar los bonos en Suiza.

En este contexto, el Ministerio Público desvela que todos los acusados llegaron a viajar a Miami (Estados Unidos) para comprar bonos a la ciudadana norteamericana tenedora de estos títulos.

Asimismo, llegaron a plantear a los afectados «excusas» como que «el éxito de la gestión dependía de la compra de más» títulos, así como de «la fluctuación del dinar iraquí en los mercados internacionales», asegurándoles también que los bonos ya estaban «a buen recaudo, depositados en cajas fuertes de entidades bancarias y plataformas de las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y Suiza».


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