San Sebastián, 5 jun (EFE).- Las seis personas acusadas de distintos delitos de coacciones y contra la integridad moral en el contexto de la disputa de una pareja de Zestoa por la custodia de un menor han sido absueltas este viernes «con todos los pronunciamientos favorables».
Entre los procesados se encontraban el alcalde de Zestoa, Mikel Arregi (EH Bildu), la madre del pequeño y cuatro amigas de ésta, acusados todos ellos de coacciones por parte del padre del pequeño.
En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la Plaza Número 5 del la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de San Sebastián considera ahora que durante el juicio por estos hechos, celebrado el pasado diciembre, no se practicó «prueba de cargo suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia» de los encausados.
Violencia de género
Durante la vista oral, el fiscal aseguró que sobre esta vista «había planeado la violencia de género» y dijo que pocas veces había escuchado un relato tan dramático» como el de la madre del menor cuando, en una de las sesiones, relató ser víctima de maltrato psicológico.
De esta manera, el representante del Ministerio Público decidió finalmente retirar ya durante el juicio las acusaciones contra esta mujer, acogiéndose para ello a la eximente completa de «miedo insuperable».
Los hechos se remontan a octubre de 2018, cuando la expareja de la mujer y padre del menor presentó una denuncia en la que señalaba que, tras la ruptura sentimental en 2016, se difundió en Zestoa el rumor de que era un «maltratador, un drogadicto y un alcohólico», incapaz de cuidar a su hijo, y acusó a los procesados de crear un «grupo de presión» y cometer actos de hostigamiento contra él.
Ahora, la sentencia del caso afirma que esta mujer «no inició tras la ruptura» con el padre de su hijo «una campaña orquestada y sistemática de desprestigio social» contra este varón con el propósito de «doblegar su voluntad en el procedimiento de familia» por la custodia del niño.
En cuanto al alcalde, la resolución, de 45 páginas, matiza que su intervención en este asunto tuvo «una finalidad consistente en desarrollar una labor de mediación informal y amistosa para intentar evitar un juicio de familia contencioso».
Respecto a las otras cuatro acusadas, el texto judicial explica que su actuación fue la de articular «una red de apoyo personal y acompañamiento» a la madre de niño «con ocasión de los intercambios y entregas del menor en la vía pública».
«Unos intercambios que se desarrollaron habitualmente de forma pacífica y en silencio por parte de las acompañantes», detalla el escrito, que admite no obstante que, en este contexto, «sí se produjeron situaciones incómodas, así como conflictos menores entre ambos progenitores y sus entornos».
Tres concentraciones
La sentencia explica además que «ninguna» de las tres concentraciones celebradas en la vía pública, tanto en Zestoa como en Azpeitia, en esta coyuntura «fue convocada o dirigida» por estas mujeres «con el propósito de impedir la libertad» del padre del menor o de «perjudicarle en su dignidad».
A ese respecto, la resolución señala que el «rechazo social» y las movilizaciones que el padre percibió como «un ataque coordinado» en su contra «no tienen por qué ser atribuidos a un plan de hostigamiento» por parte de los acusados, sino que «encuentra una explicación razonable» en el desarrollo del proceso judicial iniciado.
«La imputación de su expareja y de varias personas de su entorno, incluyendo al actual alcalde del municipio, pudo actuar como un catalizador que acabó por cambiar la escala de la disputa convirtiéndola en una causa social en el municipio e inmediaciones», concluye la sentencia, que no es firme ya que todavía puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa.
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