(EFE). Un juzgado de San Sebastián investiga la denuncia interpuesta por ocho ciudadanos colombianos contra un empresario gipuzkoano que presuntamente les ofreció alojamiento y un contrato de trabajo en este país y para el que supuestamente trabajaron varios meses en una nave de Astigarraga «entre ocho y once horas diarias» sin percibir «salario ninguno».
Según un auto al que ha tenido acceso EFE, los afectados denunciaron los hechos el 11 de julio de 2019 y declararon ante la Policía que el empresario les aseguró que «les haría un contrato de trabajo, con alta en la Seguridad Social, pago de un salario de 500 a 600 euros, y opción de alojamiento y manutención».
Según sus testimonios, los perjudicados «aceptaron y trabajaron durante varios meses en labores de mantenimiento y limpieza de maquinaria, herramientas y otros útiles en una nave industrial de Astigarraga«.
Tal como explicaron entonces, llevaban a cabo su labor «de lunes a domingo, entre ocho y once horas diarias, descansando únicamente una hora para comer», ya que «tenían cocina y camas en el lugar».
Los inmigrantes relataron asimismo que en una ocasión el empresario presuntamente les ordenó acudir a una discoteca abandonada situada en Lesaka (Navarra) para recoger material, encomienda que supuestamente llevaron a cabo «haciendo uso de vehículos sin tener habilitación para conducir en España».
Tras desvelar que «las condiciones laborales prometidas nunca llegaron a cumplirse», los denunciantes dijeron que «no han percibido salario ninguno, ni han firmado contratos de trabajo» y que «incluso» el empresario presuntamente llegó a «exigirles dinero por los gastos de pernocta y manutención».
Revelaron igualmente que dos de ellos sufrieron sendos accidentes laborales durante su actividad y que cuando reclamaban al denunciado que «cumpliera sus promesas», presuntamente «les amenazaba con advertir a la Policía y con que serían expulsados a Colombia».
En un momento dado, una tercera persona habría acudido a la nave en la que estaban los afectados y presuntamente les ordenó desalojarla.
Según el citado auto, el empresario denunciado fue citado por el juzgado que instruye el caso el pasado mes de octubre, aunque «se acogió a su derecho a no declarar».
Un mes más tarde, la representación de los inmigrantes solicitó que la citada nave fuera inspeccionada, petición que fue desestimada por el juzgado, por lo que recurrió ante la Audiencia de Gipuzkoa, que ha apreciado ahora parcialmente su pretensión y ha requerido al juzgado para que la Policía «verifique» si las imágenes y vídeos grabados por los afectados, supuestamente en el citado pabellón industrial y en la discoteca de Lesaka, se corresponden con estos lugares.
