La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y de Falsedad, al empadronarse en Vitoria para cobrar ayudas cuando en realidad residía en Francia.
La investigación se inició cuando la Subdelegación de Gobierno de Gipuzkoa alertó de que una persona, nacional de Argelia y con residencia en Vitoria-Gasteiz, podría estar realmente residiendo en Francia desde hace varios años.
Al tener la sospecha de que esta conducta tuviera como finalidad percibir fraudulentamente ayudas sociales, los investigadores del Grupo Operativo de Extranjeros II (GOE) de San Sebastián averiguaron que, efectivamente, oficialmente constaba como residente en Vitoria-Gasteiz y que desde el año 2016 tenía concedido un permiso de residencia de larga duración en España.
Tras activar los mecanismos de coordinación y cooperación internacionales con Francia, también pudieron determinar que, en realidad, residía en el país galo desde el año 2014. En este sentido los agentes averiguaron que vivía con su mujer e hijos y que, a pesar de haber obtenido en el 2016 la residencia de larga duración en España, se encontraba trabajando como peluquero en el país galo, donde también había obtenido un permiso de residencia temporal que le servía para percibir prestaciones sociales.
Ante este hallazgo, el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide se sumó a la investigación, aportando rápidamente información sobre la posibilidad de que el sospechoso estuviera cobrando ayudas de este tipo en el País Vasco. Tras un control y análisis documental se descubrió que había recibido ayudas desde el año 2010 hasta la fecha por valor de 132.000 euros en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
Para combatir estas conductas, la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del «Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión» ha recogido recientemente la posibilidad de que los titulares y beneficiarios de la renta de garantía de ingresos sean citados para comparecer personalmente en las oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con el fin de comprobar su residencia en Euskadi y el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de esta ley.
Al haber acreditado que el sospechoso reside en Francia desde el año 2014, la cifra económica final que los investigadores estiman que habría defraudado a la Hacienda Pública sería de 90.000 euros, habiendo eludido también otras obligaciones en materia de extranjería, como por ejemplo la obligación de notificar todo cambio de domicilio en España.
Por todo ello, el pasado 29 de mayo, aprovechando una de las escasísimas visitas que el investigado hacía a Vitoria, se procedió a su detención, siendo inmediatamente puesto a disposición judicial.
