(Laura Camacho/EFE).- El 20 de octubre de 2011 un total de 595 etarras estaban en prisión en España, otros 140 en Francia. Diez años después del cese de la violencia y con la política de dispersión en liquidación, la radiografía es bien distinta: Hay 185 presos de ETA recluidos en 19 cárceles ubicadas desde Madrid al País Vasco, donde ya cumplen sus penas 66 reclusos.
Los datos de Instituciones Penitenciarias confirman que las cárceles comienzan a vaciarse de etarras. Solo en esta década han dejado de estar entre rejas 373 reclusos de la organización terrorista.
El ritmo de descenso ha sido paulatino desde 2012, año el que los que salían empezaban a superar a los que ingresaban. Sin olvidar el efecto de la derogación de la doctrina Parot, que supuso en poco más de dos meses la excarcelación de 63 etarras.
Según las previsiones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en otros diez años tendrán liquidada su condena otro centenar, de forma que en 2031 quedarán en prisión 83. A más corto plazo, en un periodo de cinco años, los cálculos de la asociación sitúan a 47 presos en la calle.
Con el paso del tiempo y, sobre todo, a raíz de la disolución de ETA en 2018, el terrorismo ya no encabeza la lista de preocupaciones de la sociedad y solo las asociaciones de víctimas siguen dando la batalla contra los acercamientos y los homenajes a etarras.
Que el Gobierno vasco haya asumido este mismo mes las competencias de la gestión de sus tres cárceles ni siquiera ha levantado demasiada polvareda política. Mientras, las víctimas auguran que los encarcelados en Euskadi obtendrán pronto beneficios penitenciarios.
De hecho, el gobierno autonómico no oculta su apuesta por una política penitenciaria que potencie en general el cumplimiento de condenas en régimen abierto o tercer grado.
El mapa
En 2011 los presos de ETA suponían casi el 1% de la población reclusa total de entonces, que alcanzaba los 71.000 internos. En 2021 representan el 0,3% de las poco más de 56.000 personas encarceladas en España.
Comparar las dos fotos, la de 20 de octubre de 2011 con la de 2021, da idea del paso de esta década. Hace diez años 559 reclusos estaban en 44 prisiones: 438 ya condenados y 121 en situación preventiva a la espera de juicio. En cárceles francesas había otros 140.
Además, más de la mitad de los encarcelados en España -377- cumplían pena en régimen cerrado, el más estricto.
Hoy, solo un recluso de la banda está en ese régimen. La inmensa mayoría ya están en segundo grado, el régimen penitenciario al que están adscritos los presos comunes y, por ende, casi la totalidad de población encarcelada, lo que permite solicitar permisos ordinarios de salida una vez cumplida la cuarta parte de la condena.
Y si hace diez años ningún etarra estaba en semilibertad o tercer grado, hoy son más de una veintena.
Hacia el fin de la dispersión
Pero si hay un hecho relevante que dé idea del cambio de escenario penitenciario en esta década es el fin de la dispersión, una herramienta de la lucha antiterrorista que se puso en marcha a finales de los años ochenta con el objetivo de romper la férrea disciplina por parte de la dirección de ETA e intentar facilitar la disidencia.
Durante más de tres décadas se ha mantenido la dispersión de presos, que ha logrado el aval del Tribunal Constitucional, aunque se han producido acercamientos. En 1996 el Gobierno del PP dio los primeros pasos con el traslado de una treintena de etarras y en 1999, el entonces ministro del Interior Jaime Mayor Oreja acercó a otros 105 reclusos, 24 de ellos al País Vasco.
En total, según datos de Instituciones Penitenciarias, entre 1996 y 2004 hubo 574 traslados de etarras. A raíz del cese de ETA y hasta 2018, también con los gobiernos del PP, fueron acercados otros 229.
En ese periodo, el ministro del Interior de entonces Jorge Fernández Díaz fue muy claro ante un futuro sin la banda: «Si ETA se disuelve, en la medida que la dispersión es causa de la pertenencia a una organización terrorista, pues muerto el perro se acabó la rabia. No tendríamos por qué aplicar con carácter general a sus presos la política de dispersión».
Y ETA se disolvió en mayo de 2018 con el Gobierno de Pedro Sánchez, que anunció una nueva política penitenciaria individualizada con arreglo a esa nueva realidad sin la organización.
Desde entonces, el Ejecutivo socialista con Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior ha ordenado 270 traslados de etarras, lo que no significa que hayan cambiado de cárcel ese número de reclusos, pues en estos cuatro años algunos han variado de centro más de una vez.
De esos 270 traslados, 23 cambiaron de prisión tras concederles el tercer grado, lo que lleva aparejado legalmente el acercamiento a su familia. Siete de ellos, según los datos recopilados por la AVT, tiene penas por asesinato.
La asociación denuncia que en estos casi cuatro años de Gobierno del PSOE casi la mitad de los 203 etarras trasladados cuentan con delitos de sangre: 97 presos con 296 víctimas en 216 atentados, si bien la legislación no considera que el tipo de delito sea inconveniente para acometer un traslado de cárcel.
Uno de cada tres en Euskadi
Los 185 etarras encarcelados cumplen condena en catorce cárceles, treinta menos de las que en 2011 distribuían a estos reclusos. Hace apenas tres años las celdas andaluzas de nueve prisiones, las más alejadas a Euskadi, estaban ocupadas por un centenar de etarras. Desde el pasado 1 de julio no hay ninguno.
A 30 de septiembre, y según los datos de Instituciones Penitenciarias en víspera de que el Gobierno Vasco asumiera la competencia de las cárceles de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, la distribución de reclusos -puede estar pendientes la ejecución de algunos traslados- es la siguiente por comunidades autónomas: en Castilla y León hay 37 presos de la banda; Logroño, 24; Cantabria, 20; Pamplona, 13; Zaragoza, 10; Comunidad de Madrid, 7 y Asturias, 6.
A estos se suman otros 66 en el País Vasco, la región que una década después del adiós a las armas acumula el mayor número de presos de ETA, mientras las prisiones madrileñas de Estremera y Aranjuez son ahora las más alejadas al País Vasco, a unos 500 kilómetros, si bien solo hay siete reclusos.
De ellos destacan en Estremera desde hace siete meses y procedentes de Huelva, a 1.000 kilómetros, Javier Garcia Gaztelu, «Txapote» y su pareja, Iratzun Gallastegui, condenados entre otros crímenes por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Algo más, un año, va a cumplir Antonio Troitiño en la prisión de Soria tras ser excarcelado por error en 2011 y reintegrarse en la banda.
