Eguzki alerta de que la Diputación de Gipuzkoa está tramitando una Orden Foral para autorizar batidas de jabalíes dentro de las zonas de seguridad, lo que desnaturalizaría gravemente la función de éstas como espacios en los que, “para garantizar la protección de las personas y sus bienes”, “está prohibida la caza con armas”, tal y como se recoge en la Ley de Caza de 2011.
Según Eguzki la Diputación argumenta que determinadas zonas de Gipuzkoa podrían convertirse en refugio para las poblaciones de jabalíes y pretende autorizar, “excepcionalmente, según dice el ente foral, acciones cinegéticas concretas con el fin de evitar riesgos para las personas o daños a la agricultura”.
Según los ecologistas el ente foral no sustenta su pretensión en ningún informe técnico conocido o publicado, o que por lo menos se haya puesto de manera oficial en conocimiento del Consejo de Caza de Gipuzkoa. «No dice cuántos problemas con jabalíes y de qué magnitud se han registrado, por ejemplo, en Ulia, sino que pretende aplicar la excepcionalidad en todas y cada una de las escasas zonas de seguridad declaradas en Gipuzkoa».
Eguzki hace un llamamiento a la ciudadanía y, muy especialmente, a los ocho ayuntamientos directamente afectados, Zerain, Astigarraga, Idiazabal, Andoain, Irun, Hondarribia, Donostia y Pasaia, a que manifiesten su disconformidad con las pretensiones que achaca al ente foral.
En Gipuzkoa hay zonas de seguridad declaradas en Zerain (tres), Astigarraga (entorno de la ermita de Santiagomendi), Idiazabal (tres), Andoain (entorno de Goiburu), Irun y Hondarribia (desembocadura del Bidasoa y bahía de Txingudi) y Donostia y Pasaia.
En general se trata de espacios periurbanos muy transitados y ampliamente utilizados por la población para realizar actividades al aire libre, por lo que se entiende que la caza supone un riesgo o, como mínimo, un inconveniente.
Recuerda Eguzki que la zona de seguridad de Donostia y Pasaia, durante años muy discutida por la Federación de Caza en el parque del monte Ulia, fue declarada definitivamente en agosto pasado tras un largo proceso en el que incluso intervino el Parlamento.
