(EFE). El Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento de San Sebastián que elimine la obligatoriedad de la cita previa para realizar trámites en las oficinas municipales, pues entiende que su imposición «de manera generalizada no parece una medida sustentada en el interés general» y es «susceptible de infringir derechos».
Según señala el Ararteko en una resolución hecha pública este lunes, como respuesta a una reclamación ciudadana, la cita previa «puede ser una solución que aporte una mejor gestión y servicio público a la ciudadanía si queda a la voluntad de las personas interesadas».
Añade que la implantación de la cita previa obligatoria «es una medida que impacta en los derechos de la ciudadanía» y el consistorio donostiarra «no ha aportado previsión legal alguna que fundamente jurídicamente la decisión adoptada».
El Ayuntamiento ha aludido «a criterios de mejora en el servicio para la eficacia de su actuación en beneficio de la ciudadanía basada en una adecuada gestión de los recursos públicos», pero en la información que ha remitido el defensor del pueblo vasco no ha encontrado «criterios objetivos, de carácter técnico u organizativo» que sustenten esa obligatoriedad.
Por otra parte, el consistorio ha alegado que el sistema de cita previa «no es rígido» ya que, en el caso de que la persona precise la realización de un trámite de forma urgente, «existen medidas que permiten una atención inmediata».
Sin embargo, el Arateko afirma que, del análisis que ha efectuado de la página web municipal, «ha podido comprobar que únicamente se atiende en las oficinas de atención ciudadana si se dispone de cita previa».
Y agrega que, «en apariencia», trámites como el de obtener los volantes de padrón, para el que la cita previa no es obligatoria, así como los de las propias citas «se obtienen a través de máquinas de autotramitación».
Advierte que la opinión del Ararteko con respecto a la imposición de la cita previa obligatoria «por diversas administraciones públicas vascas se ha consolidado en los últimos meses en atención a las quejas presentadas» y, por lo que respecta al caso concreto de San Sebastián, recomienda que se habilite la cita previa «como opción voluntaria para la ciudadanía» e informe «debidamente y de manera pública de su funcionamiento».
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