(EFE).- El Gobierno municipal de San Sebastián ha asegurado este jueves que «seguirá dando los pasos necesarios» para declarar como «viviendas deshabitadas» todas las que cumplan en la ciudad los requisitos fijados por el Gobierno Vasco, aunque no espera poder cobrar el canon sobre éstas antes de 2024.
El concejal de Hacienda, Jaime Domínguez-Macaya, ha hecho esta estimación durante el pleno ordinario que ha celebrado este jueves la corporación donostiarra, tras ser debatidas sendas mociones de control al respecto de EH Bildu y Elkarrekin Donostia, grupo este último que hacía suya una iniciativa de la plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa, presente en el Ayuntamiento con este motivo.
La corporación ha aprobado, con los votos a favor de todos los partidos, salvo el PP, que se ha opuesto, dos de los tres puntos de la moción cursada por EH Bildu en la que se insta al ejecutivo local a asumir «las funciones que le asignan» tanto la Ley vasca de Vivienda de 2021 como el decreto sobre pisos deshabitados de junio pasado, «destinando para ello cuantos medios materiales y humanos resulten necesarios».
El segundo punto que ha salido adelante hace referencia a dar con «celeridad» todos los «pasos y tramitaciones» precisas para «la incoación y declaración administrativa como viviendas deshabitadas de todas aquellas que cumplan los requisitos establecidos en la citada normativa».
Domínguez-Macaya ha reafirmado «la voluntad» del ejecutivo local de «aplicar» las medidas diseñadas por el Gobierno Vasco para «movilizar» el parque de viviendas desocupadas y paliar las necesidades habitacionales de los ciudadanos, algo para lo que, según ha recalcado, «ya se está trabajando» en la correspondiente comisión.
No obstante, ha recordado que, según los requisitos establecidos en el Decreto, para «la declaración de vivienda desocupada es necesario un periodo de dos años» en dicha circunstancia, además de ser el resultado de un procedimiento administrativo «garantista y sujeto a un largo recorrido».
En consecuencia será a partir de junio de 2023 cuando puedan ser computables como desocupadas, ha dicho Domínguez-Macaya, quien ha agregado que «lo razonable es pensar que hasta 2024 no entrará en vigor» el canon o imposición extrafiscal con el que Euskadi gravará esta circunstancia y que el Gobierno Vasco delegó en los Ayuntamientos.
Mientras tanto, ha añadido, el Ayuntamiento de San Sebastián «continuará aplicando» el recargo en el IBI como hasta ahora, que desaparecerá con la entrada en vigor del nuevo canon.
En cuanto al tercer punto de la moción de EH Bildu, que instaba al ejecutivo local a hacer «los estudios necesarios» para poder incoar declaraciones de vivienda deshabitada en zonas de «acreditada demanda y necesidad», ha sido rechazado porque, según ha afirmado la delegada de Urbanismo, Nekane Arzallus, «no es de competencia municipal».
La moción cursada por Elkarrekin Donostia en nombre de Stop Desahucios no ha salido tampoco adelante al recibir sólo el apoyo de este grupo y de EH Bildu.
En ella se pedía al Gobierno de Eneko Goia que se comprometiera a utilizar «lo antes posible todos los instrumentos» disponibles para movilizar «la vivienda deshabitada hacia el alquiler social», así como que se cambie la normativa que regula el recargo del IBI de manera que «se aplique el mayor permitido» (del 150 %), y «se eliminen las exenciones no basadas en causas justificadas».
Sobre este asunto, la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha denunciado, en una rueda de prensa previa en el exterior del Ayuntamiento, que en 2013 el recargo del IBI se aplicó a 2.813 viviendas en San Sebastián pero, «gracias la injustificada exención para pisos con valor catastral inferior a 225.000 euros», ahora sólo se aplica a 1.071 viviendas.
