(EFE). Beatriz Rodríguez Aparicio, abogada del niño que está a la espera de un examen forense desde que el 9 de enero denunció haber sido agredido sexualmente por un familiar en un piso de San Sebastián, ha incidido este viernes en que la práctica de esta prueba fue solicitada «desde el primer momento» en «dependencias policiales».
«Cuando yo acudí -a la Comisaría- por lo primero que me interesé es por que el menor fuera visto por un forense a efectos de verificar un posible forzamiento -del menor- y la existencia de posibles vestigios biológicos, además de posibles infecciones de transmisión sexual (ITS)», recuerda la abogada en una entrevista concedida a EFE.
Según la denuncia policial, los hechos se habrían repetido en distintas ocasiones a lo largo de los dos últimos años en los que el investigado habría a provechado los momentos en los que se quedaba al cuidado del menor, de nueve años, mientras su madre se iba a trabajar, para supuestamente agredirlo sexualmente.
El último de estos episodios habría tenido lugar la pasada Nochebuena aunque el niño no relató los hechos a su progenitora hasta el 8 de enero, porque el supuesto agresor le habría amenazado con romperle la videoconsola si revelaba lo sucedido.
No obstante, el auto en el que la jueza de instrucción decretó el pasado 10 de enero las medidas cautelares bajo las que el hombre permanece en libertad provisional, aclara que «el último acceso» al niño por parte del presunto agresor «debió ser el 29 de diciembre» si bien, según contó el menor a su madre, en aquel momento él se habría apartado del investigado.
El mismo 10 de enero, la instructora incoó también unas diligencias previas para investigar el asunto y, entre otras pruebas, ordenó tomar declaración tanto al acusado como a la víctima, además de solicitar al equipo psicosocial de los juzgados «un informe de credibilidad y afectación psicológica» del menor, pero sin llegar a practicar una «prueba de exploración forense» sobre el niño como había demandado su abogada.
Desde entonces, la letrada, que actúa de oficio en este caso, reclamó en al menos cuatro ocasiones más la práctica de esta prueba forense que aún no se ha llevado a cabo, ya que la instructora no la autorizó hasta el pasado 30 de enero sin fijar una fecha concreta para ello.
En declaraciones a EFE, Beatriz Rodríguez Aparicio recuerda ahora que ella ya reclamó la práctica de este examen desde el primer momento en el que acudió junto a la madre de la víctima a denunciar los hechos en dependencias policiales, donde se le respondió que ya se había «hablado con la juez» sobre esta posibilidad pero sin llegar a concretarse.
«Más adelante -ha precisado- se acordaron una serie de medidas sin urgencia temporal y en cambio se omitió el reconocimiento por el forense de las partes íntimas del niño por si existiera forzamiento o algún tipo de infección».
«Luego -ha relatado- se presentaron diversos escritos interesando esa diligencia que aún no se ha tramitado, a pesar de que ya se ha acordado que el niño sea visto por un forense pero sin fijar el día».
Todo ello, resume, teniendo en cuenta además que entre el 29 de diciembre, en el que el auto recoge que «pudo pasar el último incidente», y la denuncia, que se interpuso la madrugada del 9 de enero, «no había transcurrido el plazo de quince días» en los que el «protocolo» prevé que es posible que aún puedan detectarse «vestigios biológicos» del agresor en el cuerpo de la víctima.
En cualquier caso, la letrada insiste en que, aunque este plazo hubiera vencido para ese momento, la práctica de la prueba forense hubiera sido igual de necesaria porque «estamos hablando también de la posibilidad de un posible contagio de una ITS» a un niño.
Unas enfermedades que, como desvela, «desconocemos si existen porque no se ha practicado ningún análisis al menor y por lo tanto tampoco se le ha aplicado ningún tratamiento porque no ha sido visto ningún médico forense».
Rodríguez Aparicio admite que por suerte toda esta situación «no es habitual» en el tratamiento a las víctimas, porque «el sentido común marca que se trata una diligencia primordial y urgente pues el tiempo juega en contra» de los perjudicados, a pesar de lo cual «en este caso» no se ha practicado.
No obstante, la abogada incide en la necesidad de denunciar siempre las agresiones sexuales porque, a su entender, es algo «importante para que el sistema funcione». «Dicho lo cual, también es importante que cuando alguien denuncia se sienta protegido», remarca.
«Es importante denunciar pero también el sentido común nos marca que es importante proteger a la persona que denuncia», concluye la letrada.
