(EFE). El niño de nueve años que el pasado 9 de enero denunció ante la Ertzaintza haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de un familiar en San Sebastián será sometido finalmente este mismo lunes a un examen por parte del forense de guardia, han informado a EFE fuentes del caso.
La letrada del menor, Beatriz Rodríguez Aparicio, había solicitado hasta en cuatro ocasiones la práctica de esta prueba desde el mismo día en la que se presentó la denuncia, si bien el juzgado encargado del caso no la autorizó hasta el pasado 30 de enero aunque sin llegar a concretar una fecha para las pruebas.
Ante esta situación, la abogada ha vuelto a reclamar que la prueba se practique «con la máxima urgencia y celeridad» en un documento al que este lunes ha tenido acceso EFE.
Reconocimiento forense
Finalmente el juzgado ha accedido a esta petición en una providencia notificada hoy mismo, en la que ordena que «el reconocimiento médico forense del menor se efectúe en los términos solicitados» por la letrada que representa al menor y a la madre de éste.
Los hechos se remontan al pasado 9 de enero, cuando la víctima y su progenitora acudieron ante la Ertzaintza para denunciar las presuntas agresiones sexuales a las que el menor habría sido sometido por parte de un familiar en distintas ocasiones a lo largo de los dos últimos años.
En este período de tiempo el investigado habría aprovechado los momentos en los que se quedaba al cuidado del menor, mientras su madre se iba a trabajar, para supuestamente agredirlo sexualmente.
Libertad provisional
El investigado, de nacionalidad extranjera, se encuentra en libertad provisional por estos hechos, a pesar de que la acusación particular pidió su ingreso en prisión aunque, como medida cautelar para evitar su huida, la jueza que instruye el caso acordó la retirada de su pasaporte y le ha prohibido abandonar el país, además de obligarle a comparecer en los juzgados una vez cada quince días.
Aquel mismo día, la instructora incoó también unas diligencias previas para investigar el asunto y, entre otras pruebas, ordenó tomar declaración tanto al acusado como a la víctima, además de solicitar al equipo psicosocial de los juzgados «un informe de credibilidad y afectación psicológica» del menor, aunque sin llegar a practicar una «prueba de exploración forense» sobre el niño como había demandado su abogada.
Enfermedad sexual
Desde entonces, la representación del menor ha reclamado insistentemente la práctica de la citada prueba forense ante el peligro de que el menor pudiera haber sido contagiado de alguna infección de trasmisión sexual y la posibilidad de que la demora en el tiempo impidiera detectar posibles lesiones y vestigios biológicos en las partes íntimas del niño.
Ante la ausencia de prueba forense alguna, el pasado día 17 el niño y su madre decidieron acudir al servicio de Urgencias del Hospital Donostia.
En este centro, al conocer las circunstancias del niño, el hospital contactó con el Juzgado de Instrucción «correspondiente», donde la magistrada informó al médico de que no era «necesario realizar ninguna acción» en aquel momento porque ya «se pondrían en contacto con la familia» desde el juzgado cuando se considerara «necesario».
