(EFE). La carga de la Policía Nacional contra aficionados de la Real Sociedad, el pasado 15 de mayo momentos antes del partido entre el Villarreal y el conjunto vasco, fue «ajustada a la normativa legal y reglamentaria», según señala el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por EH Bildu.
La actuación policial fue condenada por la propia Real Sociedad en un comunicado el pasado 20 de mayo, tras reunirse con el grupo de aficionados Bultzada Txuri Urdin, que denunció haber sido «agredido» por la Policía Nacional en las inmediaciones del Estadio de la Cerámica, con el resultado de varios heridos.
La actuación fue recogida y difundida por las redes sociales en varios vídeos en los que se observa a un grupo de seguidores realistas tendidos en el suelo mientras son golpeados con porras por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Una situación ante la que el diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Inarritu formuló una pregunta parlamentaria en el que solicitó al Gobierno explicaciones ante este «ataque» que «se saldó con varios aficionados de la Real en el hospital, con politraumatismos, heridas abiertas en la cabeza e incluso algún brazo roto».
La respuesta remitida ahora por el Gobierno, a la que ha tenido acceso EFE, explica que la actuación policial se produjo «ante el riesgo grave para la ciudadanía» y en «evitación de daños personales y materiales».
Contexto en el que la Policía «se vio obligada a intervenir para restablecer la seguridad ciudadana, realizando una intervención ajustada a la normativa legal y reglamentaria», realizando «un empleo progresivo de la fuerza y de los medios a su alcance».
«El despliegue realizado en la zona -argumenta el Ejecutivo en su respuesta-, se realizó al objeto de mantener separadas a las aficiones rivales para prevenir cualquier altercado y que la jornada pudiese transcurrir con normalidad».
El texto precisa que, dentro de la zona de influencia del evento deportivo, la «afición» realista «comenzó a realizar cánticos ofensivos en los que se incitaba al odio y a la violencia», acompañados por «el lanzamiento de bengalas, botes de humo y objetos hacia los agentes que vigilaban en la distancia».
«En la zona donde se produjeron los hechos -prosigue el escrito-, había un gran número de familias de la localidad de Villarreal, junto con un gran número de niños, los cuales se encontraban jugando en un parque infantil, debido a que era festivo en la localidad».
«Hay que destacar -continúa la respuesta del Gobierno- que un grupo de radicales violentos, lejos de colaborar con las fuerzas policiales o mostrar una actitud pacífica, evidenciaron con sus acciones la voluntad de causar daños y lesiones, alterando la seguridad pública».
Como consecuencia de este incidente, el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a cinco personas acusadas de delitos de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia.
Asimismo los funcionarios policiales tramitaron «diez propuestas para sanción» por incumplimientos de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte» y una propuesta más por infracción de la normativa de protección de la seguridad ciudadana.
