(EFE). El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha prohibido salir del país al exdirigente de ETA Mikel Albisu, Antza, investigado por el crimen en 1995 del teniente de alcalde del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, si bien le ha advertido de que si lo incumple se dictará su ingreso en prisión. El magistrado le ha tomado declaración en el marco de la causa en la que se le investiga por su posible responsabilidad en el atentado como miembro del «comité ejecutivo» de la banda entonces.
En San Sebastián Antza ha sido recibido entre aplausos de una treintena de simpatizantes de Sortu cuando ha acudido al Palacio de Justicia a declarar por videoconferencia.
Aunque en su comparecencia ha rechazado contestar a ninguna pregunta, ha subrayado que ya fue condenado en Francia a 20 años de prisión por asociación de malhechores y ha cuestionado las acusaciones por estar basadas, ha dicho, en manipulaciones y torturas, informan a Efe fuentes jurídicas.
Ante los medios Antza ha abundado en esta cuestión y ha mantenido que toda esta situación responde a «un ataque de aquellos que se oponen a la consecución de una Euskal Herria libre y pacífica».
En su auto, el juez acepta «como fiables y verosímiles indiciariamente todos aquellos elementos relacionados», entre otras cuestiones, con «la función decisiva y necesaria del máximo órgano de decisión» de ETA para cometer un atentado y «el relevante papel desempeñado» por Antza en el comité ejecutivo de la banda, «en relación con las órdenes» para asesinar a Ordoñez, «recopilada fundamentalmente en la documentación» incautada a miembros de ETA.
Y dada «extraordinaria gravedad del delito que se le imputa» y las penas a las que podría enfrentarse, el juez no ve irracional que pudiese eludir la Justicia, razón por la que ha adoptado las citadas medidas cautelares.
Lo ha hecho siguiendo el criterio de la acusación ejercida por asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia, AVT, el PP o la acusación particular. La Fiscalía ha reclamado la designación de un domicilio para que esté localizable.
En representación de la viuda y el hijo de Ordóñez ha intervenido el letrado Rubén Múgica, que ha reclamado ante los medios «un empeño redoblado para que quienes fueron jerarcas y capos de la organización criminal sean juzgados y condenados» también por «inducir a la perpetración de los asesinatos».
Una demanda similar que la de la veintena de víctimas que se han concentrado a las puertas de la Audiencia Nacional en una convocatoria impulsada por Dignidad y Justicia, cuyo portavoz Daniel Portero ha advertido de que están «en período de descuento de muchos asesinatos sin resolver», que la asociación cifra en 375.
En San Sebastián Antza ha sido recibido entre aplausos de una treintena de simpatizantes de Sortu como el dirigente Haimar Altuna; históricos líderes de la izquierda abertzale como Rufi Etxeberria y Joxe María Olarra. También estaba la edil donostiarra de EH Bildu Reyes Carrere y todos situaban tras una pancarta con el lema en euskera «Solución y paz. Mikel Albisu gurekin».
Altuna ha reivindicado los «pasos» que «está dando y seguirá dando» la izquierda independentista «hacia la paz, la convivencia y para una solución democrática en el conflicto que tenemos con el Estado», mientras, ha dicho, «los de siempre siguen intentando obstaculizar ese camino».
En la rueda de prensa del consejo de ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reiterado que el Ejecutivo siempre está «del lado de las víctimas» y que, pese a no conocer los detalles del incidente la posición sobre los actos de enaltecimiento es «reprobarlos».
Esta causa judicial se remonta a 2015, cuando el juez imputó a Antza y a otros cuatro exdirigentes de ETA -Ignacio de Gracia Arregi, «Iñaki de Rentería»; José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri»; Julián Atxurra Egurola, «Pototo»; y Juan Luis Agirre Lete, «Insuntza»- a raíz de un informe policial sobre los indicios de su presunta participación, como miembros del «comité ejecutivo» de la banda, en la decisión de matar a Gregorio Ordóñez.
