El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la anulación de una oferta pública de empleo (OPE) de la Diputación Foral de Gipuzkoa que exigía el perfil lingüístico de euskera en el 100 % de los puestos de cuidadora de residencia, según ha informado el sindicato CCOO Euskadi.
La convocatoria fue recurrida por varias trabajadoras que habían sido excluidas del proceso al no acreditar el perfil B2 oral y escrito. Las afectadas desempeñaban su labor en la residencia de Eibar-Egogain, en algunos casos desde hacía más de dos décadas mediante contratos temporales.
De acuerdo con la información facilitada por el sindicato, estas profesionales llevaban años intentando obtener la acreditación lingüística -hasta 12 en algunos casos- sin disponer de opciones para estudiar euskera dentro de su jornada laboral por su condición de personal interino. CCOO sostiene que, aunque son capaces de atender en euskera a los usuarios, no alcanzan el nivel de redacción B2 exigido en la convocatoria, requisito que considera no imprescindible para el desempeño del puesto.
La central sindical subraya además que el trabajo en equipos de tres o cuatro cuidadoras por turno y planta permite garantizar la atención bilingüe en los centros residenciales.
En este contexto, CCOO defiende que la protección de los derechos lingüísticos es compatible con los derechos laborales si se respetan los criterios de proporcionalidad sociolingüística. Según recuerda, el Decreto 9/2024 del Gobierno Vasco fija para la Diputación de Gipuzkoa un índice de obligado cumplimiento del 66,22 % de plazas con perfil lingüístico, frente al 100 % establecido en la OPE anulada.
El sindicato ha interpretado la sentencia como un respaldo a esta proporcionalidad y ha reiterado su apuesta por medidas que faciliten el aprendizaje del euskera, como la gratuidad de los euskaltegis, permisos formativos para personal interino y nuevas fórmulas de acreditación lingüística.
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