(EFE). El sindicato ELA ha exigido a las instituciones que el acceso a una vivienda digna se considere una «derecho» al igual que la sanidad y la educación, y ha criticado que la agenda de los políticos no incluya este «problema» derivado de la precariedad laboral y social.
«Solo dos de cada diez personas entre 18 y 44 años pueden comprar o alquilar una vivienda, según una encuesta del propio Gobierno Vasco, y este escenario se debe a que se ha fomentado una política de especulación en vez de fomentar un parque público de vivienda social», según ha expuesto el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, en una conferencia de prensa en la que han difundido un informe sobre vivienda elaborado por esta central.
Lakuntza ha destacado que los gobiernos «optan por favorecer a quienes hacen negocio con una necesidad social» y ha hecho hincapié en que la media europea de la dotación presupuestaria para vivienda se sitúa en el 0,6 % del PIB, mientras que en Euskadi es del 0,2 %.
Además, tanto el alquiler como la venta de vivienda son muy caros, y se sitúa en el primer caso en una media de 1.000 euros al mes, mientras que la compraventa es superior a los 3.000 euros por metro cuadrado.
En estas condiciones, que se agravan por los requisitos de financiación exigidos por los bancos, gran parte de los ciudadanos ven imposible acceder a una vivienda, especialmente los más jóvenes, tramo de población en el que la edad media de emancipación se alarga hasta después de los 30 años, según el informe de ELA.
En este punto el sindicato cree «inaceptable» que existan más de 55.000 viviendas deshabitadas, por lo que propone «endurecer» el canon por vivienda vacía y obligar a los bancos a que destinen a alquiler social las viviendas inutilizadas que poseen.
«Es necesario regular, controlar y, si fuera necesario, expropiar esas viviendas en manos de los bancos para incluirlas en programas públicos de alquiler «, se indica en el informe.
También proponen limitar las viviendas de uso turístico porque encarecen los alquileres y desplazan a los residentes de sus propios barrios, y controlar la compra de edificios enteros para este objetivo por parte de grandes inversores y «fondos buitres».
En el capítulo de alquileres destacan que la situación más grave es para las mujeres, ya que la brecha salarial supone el pago de seis meses de alquiler, y para las personas sin hogar y los emigrantes.
Otras propuestas de ELA sobre la vivienda son limitar los precios de alquiler tanto para los grandes como los pequeños tenedores, paralizar los desahucios y aumentar el gasto público en vivienda hasta el 2 %.
«Se trata de entender que la vivienda en un bien social, no un bien especulativo», según se señala en el documento.
En el mismo acto informativo se ha presentado también una campaña sobre la vivienda que va a desarrollar ELA y que se ha denominado «Somos exquisitas» en relación a unas declaraciones del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, quien dijo que «había que ser muy exquisito para pretender vivir en el mismo barrio en el que se ha nacido», según ha explicado ELA.
En el marco de esta campaña ELA trabajará con otros agentes sociales para tratar sobre los problemas derivados de la carestía de la vivienda.
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