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Errenteria: Propietaria e inquilinos aspiran a que el Gobierno compre las VPO de Arramendi

Este 16 de abril se termina el arrendamiento protegido para 40 vecinos que, por sus rentas, no pueden pagar alquileres más caros

Concentración hoy en el Boulevard por las VPO de Arramendi en Errenteria. Foto: Donostitik

Un nuevo conflicto por la vivienda estalla en Gipuzkoa, en esta ocasión en Errenteria, y esta mañana durante una concentración en el Boulevard donostiarra se ha ilustrado perfectamente la situación: por un lado los 40 inquilinos del Paseo Arramendi a los que se les terminará el 16 de abril el arrendamiento protegido con que han contado durante quince años. Por otro lado la empresa Jaureguizar, que compró al Ayuntamiento de Errenteria el suelo en 2002 y que ha cumplido con las obligaciones estipuladas hasta ahora. Y por último… la Administración, que es hacia donde miran los anteriores. Y es que tanto la empresa como los inquilinos aspiran a que el Gobierno vasco se haga con estas viviendas protegidas. 

«Jaureguizar ha ofrecido tanto al Ayuntamiento de Errenteria como al propio Gobierno Vasco, a través de su Delegación de Vivienda de Gipuzkoa, la posibilidad de adquirir el inmueble por alguna de estas administraciones con el propósito de dar continuidad al alquiler protegido bajo su iniciativa, coadyuvando así al incremento del parque de viviendas de titularidad pública dedicadas al arrendamiento social«, ha expresado la empresa en un comunicado del que los inquilinos han tenido noticia por los medios de comunicación, tal y como han denunciado hoy las plataformas Stop Desahucios y Alokairu Benta Berri, presentes en la concentración.

Por su parte Rosa García, de Stop Desahucios, ha explicado que las plataformas de vecinos instan a Jauregizar a acogerse a la Orden 6319 de 7 de diciembre de 2021 dictada por la Consejería de Vivienda por la que las empresas propietarias de las VPO pueden continuar con los alquileres recibiendo a cambio ayudas y subvenciones. Aunque García también ha añadido que no descartan solicitar al Gobierno vasco que ejerza el derecho de tanteo y retracto y compre las viviendas a precios de VPO para mantener los alquileres sociales.

En la concentración han hablado un par de vecinos y han puesto de manifiesto que la situación económica de las familias afectadas es precaria y advierten de que no desalojarán los pisos, porque, «sencillamente», no pueden pagar otros. 

Tal y como suele recordar Rosa García en estos casos, «no hablamos de morosos. Es gente que ha pagado todos los meses sin faltar uno. Religiosamente».

«En previsión de que las administraciones no den continuidad al proyecto como sería lo deseable», dice la empresa en su comunicado, «Jaureguizar ofrecerá a los actuales inquilinos la adquisición de las viviendas con carácter preferente». Posibilidad, la de la compra, que resulta absolutamente imposible para los actuales  arrendatarios. 

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