(EFE). El caso de Rocky Myers, el afroamericano con discapacidad intelectual que lleva treinta años en el corredor de la muerte de Alabama, ha llegado este viernes a Gipuzkoa, donde su abogada mantiene la «esperanza» de que pueda ser «indultado», aunque reconoce que es una posibilidad «remota».
La representante legal del recluso, Kacey Keeton, y la investigadora social Miriam Bankston han viajado desde Estados Unidos para comparecer esta mañana antes las comisiones de Derechos Humanos de las Juntas Generales y el Ayuntamiento de San Sebastián.
La implicación de las dos instituciones guipuzcoanas en un caso que deberá dilucidarse a más de 7.000 kilómetros se debe a la intervención del grupo de activistas de Amnistía Internacional en San Sebastián, que trabaja en favor de Myers desde hace ya dos años.
La abogada del recluso, que se hizo cargo del caso en 2007, ha destacado la necesidad de que se alce también en Gipuzkoa una «voz fuerte y unida» ante un procedimiento plagado de irregularidades en el que, según ha denunciado, se mezcla el racismo, la pobreza, la discapacidad, la indefensión legal y los «fallos» del «sistema».
Carta escrita por el condenado
Keeton ha leído una carta escrita por el condenado en la que se define como un hombre de fe, que «reza cada mañana y noche por un mundo mejor», y en la que agradece el respaldo a la petición hecha publica por Amnistía Internacional para que sea indultado.
Este hombre, condenado a la pena capital por asesinato, padece una discapacidad intelectual que le fue diagnosticada cuando tenía 11 años y que le provoca dificultades para leer y recordar fechas u horarios.
Su vida cambió para siempre una noche de 1991, en Decatur (Alabama). Una mujer blanca de edad avanzada fue asesinada en un barrio de población mayoritariamente negra. Rocky vivía enfrente.
Rocky fue declarado culpable de asesinato pese a que no había pruebas que lo vincularan con el lugar del crimen, excepto un aparato de vídeo que pertenecía a la víctima y que él sostiene que encontró abandonado en la calle.
La abogada ha asegurado que los testimonios principales en contra de Myers estaban empañados por contradicciones y presiones judiciales.
Finalmente, un jurado conformado por once personas blancas y una negra declaró a Rocky Myers culpable, pero recomendó la cadena perpetua, aunque el juez lo condenó a muerte.
Rocky Myers fue abandonado por su abogado, por lo que pasaron los plazos para poder apelar. Su ejecución podría ser programada, por tanto, en cualquier momento, ha advertido su representante legal.
De hecho, la Corte Suprema de Alabama fijó inicialmente como fecha para su ejecución el 18 junio de 2015, aunque la orden se suspendió debido a un litigio relacionado con el método para llevarla a cabo.
Ha explicado que parte de este retraso se debe al desarrollo por parte Alabama de un nuevo protocolo de ejecución mediante «hipoxia de nitrógeno», que se empleó el pasado mes de enero para una ejecución que al parecer resultó ser, ha dicho, «tortuosa».
Esperanza en el indulto
De momento el Estado no ha fijado una fecha para la ejecución de Rocky Myers y su abogada no pierde la esperanza de que puede llegar un indulto por parte de la gobernadora de Alabama.
No obstante, es consciente de que esta posibilidad es complicada, ya que los últimos cuatro gobernadores han supervisado casi 60 ejecuciones y ninguno ha concedido un indulto.
«Sabemos que es una posibilidad remota pero mantenemos la esperanza, ha dicho Keeton, convencida de que también es una obligación hacer públicas las injusticias que, en este caso, afectan a Alabama, donde ayer mismo fue ejecutada una de las 165 personas que permanecían en el corredor de la muerte con una inyección letal.
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